Ante el conflicto educativo en la ciudad de Buenos Aires y la agresión dirigida a los y las docentes

El pasado 2 de diciembre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en una maratónica sesión y durante la madrugada, la ley que modifica el estatuto docente y reforma el sistema de clasificación docente y acceso a los cargos regulados por las llamadas Juntas de Clasificación y de Disciplina. El proyecto convertido en ley contaba con la oposición unánime de todos los sindicatos docentes, los cuales se manifestaron ese día (y días anteriores) en las inmediaciones de la Legislatura reclamando el rechazo a los dos proyectos en debate –uno del Pro y otro finalmente triunfante de la Coalición Cívica – dado que no habían sido producto del diálogo y consenso con la comunidad educativa. 
 
Como es de público conocimiento, el día 1 de diciembre antes del mediodía, tres colectivos con personas ajenas a la comunidad educativa arribaron al lugar y agredieron a los educadores con golpes, patadas e insultos, luego de aproximarse al lugar con carteles que decían frases como "Macri y Bullrich = dictadura". Ante la gravedad de los hechos, tanto los gremios Ademys como UTE realizaron las denuncias judiciales correspondientes junto con los legisladores de distintas bancadas políticas María Elena Naddeo, Laura García Tuñon, Virginia Gonzalez Gass y Tito Nenna . 
 
Además de repudiar las agresiones e instar a las autoridades de todos los poderes a sancionar los hechos e impedir que se reiteren, quisiéramos reiterar nuestra profunda preocupación por la reforma que fue legislada. 
 
Esta reforma no tomó en cuenta la demanda de participación, diálogo y democratización del sector docente y de la comunidad educativa en general. 
 
Tampoco respetó lo que significó una conquista histórica de maestros y profesores: el estatuto docente y los procesos de participación democrática en las instituciones escolares que se llevaron adelante para su sanción. Es de destacar que el único momento histórico en que el estatuto docente quedó suspendido, fue durante la última dictadura militar. 
 
Los sucesos repudiables de principios de diciembre en la Legislatura representan un retroceso en nuestra calidad de vida democrática, por un lado, y son la síntesis de una orientación de política educativa que supo nombrar a Abel Posse como Ministro de Educación, subejecutar el presupuesto educativo, incrementar los subsidios para la educación privada, quitar las jornadas de reflexión docente, eliminar el sistema de becas estudiantiles, sancionar la protesta estudiantil mediante el armado de listas con los nombres de quienes participaran de las tomas a los establecimientos educativos, no resolver los problemas de infraestructura escolar, bajar el lugar relativo del salario docente en comparación con las restantes jurisdicciones del país, haber tenido funcionarios como Mariano Narodowski (primer Ministro de Educación de la gestión macrista) procesados por escuchas ilegales por asociación ilícita, entre muchas otras medidas. 
 
Algunas de estas políticas pudieron ser resistidas y confrontadas por distintos sectores sociales, aún cuando, por ejemplo y en el caso de los docentes, se descuenten los días de paro. 
 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, considera que las propuestas en materia educativa de la gestión macrista y las políticas llevadas a cabo, se enmarcan en un proyecto político de corte neoliberal, que pretende violar derechos fundamentales como es el de la educación, dando la espalda a la comunidad educativa y a la sociedad en general. En este sentido y frente a 4 nuevos años de gestión, convocamos a organizaciones gremiales, organismos de derechos humanos, movimiento estudiantil, agrupaciones de padres y madres, entre otros, a continuar y fortalecer el trabajo conjunto por la defensa, exigibilidad y ejercicio colectivo del derecho a la educación pública, gratuita y democrática en nuestra ciudad de Buenos Aires. 
 
Creemos que sólo la unidad de todos los sectores puede hacer valer los derechos consagrados en forma universal. 
 
Mesa Directiva 
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011