Documento del Consejo de Presidencia de la APDH en la nueva etapa política
Abril de 2010
A partir de su compromiso en defensa de los derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desea expresar su opinión sobre la nueva etapa política que se abre luego de las elecciones legislativas celebradas el 28 de junio de 2009.
Desde su inicio en 1975 nuestro organismo mantiene una composición pluralista política, social, religiosa y filosófica. En su relación con los gobiernos elegidos por el pueblo adoptó siempre una posición de autonomía política y en cuanto al régimen de facto impuesto por el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, una clara posición de denuncia y demanda contra la imposición del Terrorismo de Estado.
De igual modo, en función de su compromiso con los principios de la democracia social, ha denunciado, consecuentemente, toda forma de injerencia en la vida política, económica y social por parte de grupos de presión y de poderes fácticos, tanto internos como externos, de carácter económico y corporativo.
Todo lo actuado por la APDH en el ejercicio 2009, ha puesto de manifiesto una vez más su fidelidad a la concepción integral de los Derechos Humanos, a partir de la defensa de los Derechos Civiles y Políticos, para continuar con la promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con la lucha por los Derechos Colectivos de los Pueblos, Medio ambiente y Recursos Naturales, Libre Determinación y Defensa de la Paz, como prerrequisito ineludible para su vigencia integral.
En tal sentido la APDH ha organizado en el 2009 junto al SERPAJ y el MOPASSOL dos Conferencias Internacionales por la Paz y, consecuentemente, contra la militarización, la IV Flota de EEUU en las costas de América Latina y el Caribe y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras. Iniciativas que fueron coprotagonizadas por la Alianza Social Continental, la Asociación Americana de Juristas, el Consejo Mundial de la Paz y la Red y Coalición Mundial NO BASES.
1. La nueva situación en América Latina
La etapa política que estamos atravesando coincide con un momento sumamente importante para los pueblos de América Latina y el Caribe, cuando nuevos gobiernos adoptan posiciones de autonomía respecto de los grandes centros de poder político y económico mundial y fortalecen su relación regional mediante acuerdos de unidad como el MERCOSUR y la UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur), junto a la recientemente constituida organización continental integrada por 33 países de América Latina y el Caribe, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá.
Contribuir a fortalecer este proceso sumamente valioso es un desafío para nuestro país que no debe ser minimizado. Particularmente cuando esos centros de poder político y económico vuelven a amenazar a nuestros pueblos con la instalación de nuevas bases militares en el continente (Colombia, Caribe, Paraguay, Islas Malvinas) y actualizan viejos procedimientos de vigilancia oceánica (la IV flota norteamericana), que pueden utilizarse con fines bélicos y de apropiación de nuestros recursos naturales, como se ha hecho con los países de Oriente Medio y ha comenzado a hacerse en la zona de Malvinas.
2. La larga lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Afirmamos que es de suma importancia garantizar los avances que se han logrado en el campo de los derechos humanos enalteciendo los valores de verdad, justicia y memoria luego de largos años de lucha del pueblo, de los organismos de Derechos Humanos y de los movimientos sociales.
El movimiento de derechos humanos de la Argentina ha sostenido dichos valores de manera unánime a lo largo del tiempo, ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado. El pedido de justicia fue obstaculizado primero por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida así como por los indultos. Lograda la anulación de estas medidas inconstitucionales, se hace aún más urgente retomar los juicios disponiendo de todos los recursos necesarios para que la justicia actúe sin demora. Resultan por lo tanto indefendibles los planteos a favor de la suspensión del ejercicio de la justicia, que es obligación del estado democrático. La propuesta de perdón, olvido y reconciliación no puede ocultar la mala conciencia de aquellos sectores no sólo directamente involucrados en delitos de lesa humanidad, sino también de quienes por diversas razones apoyaron a la dictadura cívico-militar, responsable de los peores crímenes de estado perpetrados de manera masiva y sistemática. Cabe destacar que el reclamo de justicia planteado por el conjunto de organismos defensores de los derechos humanos de la Argentina, siempre excluyó y condenó la pena de muerte, la idea de venganza, la ley del Talión, la justicia por mano propia.
Su lucha se centró en el avance de la legislación pertinente en materia de derechos humanos en todos los ámbitos del derecho internacional y en el de nuestro estadonación posdictadura. En el derecho penal ambos consideran los crímenes de Estado de lesa humanidad como los de mayor gravedad en la jerarquía de los delitos. La importancia de aplicar la legislación pertinente a través del Poder Judicial constituye una obligación impostergable del estado democrático y la obligación de hacer justicia garantizando a todas las partes el debido proceso constituye un mandato constitucional impostergable.
Valoramos la importancia de las decisiones políticas que permitieron la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, unido a los avances legislativos señalados ha permitido reiniciar los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y transformar la ESMA en un proyecto cultural de derechos humanos de alcance internacional, entre otros objetivos relacionados con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Queda pendiente la necesidad de enjuiciar a los ideólogos civiles y cómplices del terrorismo de Estado que asaltó el poder en 1976 que incluyó a grandes grupos económicos, a empresarios importantes de los medios y actores políticos y jurídicos, civiles, militares y eclesiásticos, que tradicionalmente formaron parte de la ultraderecha política de nuestro país, que impidieron la democratización política, económica, social y cultural de nuestro país, preconizar nuevamente que no se haga la justicia que nuestro estado tiene la obligación de ejercer en democracia.
Su juzgamiento aparece hoy más necesario que nunca frente a la ofensiva política y mediática de los sectores de derecha tendiente a frenar el enjuiciamiento de quienes fueron sus amanuenses civiles y militares, y a prolongar la plena vigencia del modelo neoliberal.
Consideramos que los resultados de esta ofensiva han hecho mucho más lenta la modificación de las consecuencias del modelo neoliberal conservador, responsable –junto con sus autores – del aumento de la desigualdad social, la desocupación y la
pobreza, la privatización indiscriminada de nuestros recursos naturales y la destrucción del aparato productivo.
3. Las políticas para superar el modelo neoliberal
Sostenemos del mismo modo la necesidad de realizar una profunda reforma del sistema tributario regresivo que prolonga la etapa neoliberal, incrementando los impuestos directos que gravan las grandes ganancias, patrimonios, artículos suntuarios, y herencias, junto a la renta financiera y minera, eliminando los impuestos indirectos, como el IVA, que gravan el consumo cotidiano y afectan directamente la canasta básica de los sectores populares.
Reconocemos como muy importantes las recientes resoluciones sobre la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos efectos inmediatos se observan en el 25% de aumento de la matrícula escolar primaria y secundaria y en el aumento del consumo de alimentos; la llamada Inclusión Previsional a la que pudieron acogerse más de dos millones de adultos mayores para quienes no existía ninguna posibilidad de acceder a la Jubilación -sin desconocer que los haberes aún son insuficientes-; así como el apoyo al desarrollo de emprendimientos cooperativos. También reconocemos la importancia de los cambios en el sistema jubilatorio, que de ser un negocio privado en manos de las AFJP ha vuelto a ser un sistema solidario bajo control estatal.
Afirmamos que falta camino por recorrer hacia una democracia de mayor contenido, para lo cual es preciso fortalecer la independencia del poder judicial mediante el nombramiento de jueces y fiscales independientes del poder económico y político y comprometidos con los valores de la democracia y la justicia social, con la debida provisión presupuestaria, los equipos y personal jurídico. Es necesario erradicar del seno judicial los fuertes resabios de un pensamiento reaccionario carente de sensibilidad humana y social, de modo que permita su ejercicio responsable, basado en la ley y el derecho. Es preciso seguir tomando decisiones políticas, jurídicas y administrativas que favorezcan el funcionamiento de los tribunales. Es un gran desafío lograr un mayor acceso a la justicia de las familias pobres y los pueblos originarios. (Desarrollamos este punto en el item 4).
Destacamos por todo lo anterior, la importancia del rol del Estado como responsable del correcto funcionamiento de las Instituciones de la Nación y de la regulación y control de las actividades económicas, productivas y financieras para garantizar el cumplimiento de su función social al servicio de toda la población.
Afirmamos que debe ser una clara decisión política la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, especialmente para aquella parte de la población más postergada, como familias pobres o en situación de calle, niños y niñas con hambre y adultos en esa misma situación vulnerable, especialmente madres solas, adultos mayores, trabajadores desocupados y precarizados por incumplimiento y violación de la legislación laboral y previsional.
Destacamos que, para hacer efectivos esos derechos es preciso tomar decisiones que generen las debidas condiciones para la creación y justa redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades. Constituye un desafío político reconocer públicamente que en nuestro país hay capas sociales con niveles de riqueza personal y derroche desmedidos que contrastan fuertemente con los millones de habitantes que carecen de posibilidades de desarrollo integral.
Afirmamos la educación como derecho humano y social a lo largo de toda la vida, concepción que se contradice con el desarrollo de la educación privada con visión mercantilista. La vigencia de este derecho, en términos de educación formal, implica hacer efectivos el acceso, reingreso, permanencia y egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, bajo los principios de no discriminación, laicidad y gratuidad real.
En la actualidad, el Estado ha asumido la responsabilidad y la obligación de universalizar el nivel medio. Instamos a que esta expansión se realice contando con los recursos materiales necesarios y con la participación democrática de educadores y estudiantes en la definición de un proyecto pedagógico para todas y todos.
Cabe recalcar que los derechos de las y los educadores forman parte indivisible del derecho a la educación. Esta Asamblea acompaña y reivindica la lucha de los sindicatos docentes y no docentes en todo el país en defensa de la educación pública.
Sostenemos que la educación en derechos humanos es parte del derecho a la educación y contribuye a la construcción de una sociedad más justa. El fortalecimiento y ampliación de las instancias de formación docente en esta temática es prioritaria, con vistas a la formación de sujetos de derecho, capaces de pensar críticamente, participar en los diferentes ámbitos de la vida y transfomar su realidad con la conciencia que toda empresa humana es colectiva como forma de erradicar el individualismo que las dictaduras y el neoliberalismo han tratado de establecer, lamentablemente con éxito, en amplios sectores de nuestra sociedad.
Requerimos también el desarrollo de la salud, considerada por la OMS como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Urge situar el problema sanitario como muy importante, en tanto hay miles de ciudadanos que no cuentan con la debida accesibilidad al cuidado de su salud. En primer lugar por carencias de trabajo, vivienda y alimentación adecuada entre las causas mas importantes y específicamente porque falta una decidida y fuerte inversión de recursos humanos y materiales en el sector público, así como una mayor fiscalización y permanente control de la atención médica y aspectos preventivos tanto en las obras sociales, como en el sector privado (prepagas).
En tanto derecho que debe estar al alcance de todas las personas, enfatizamos dos aspectos que necesariamente debe desarrollar y consolidar el Estado nacional con una fuerte rectoría en el cuidado y promoción de la salud: la Producción Pública de Medicamentos y la consolidación de la red federal de Atención Primaria de la Salud. Como lo dicen las normas internacionales que el país suscribió y la legislación nacional vigente, con esas herramientas sanitarias se propicia una activa participación comunitaria y el desarrollo de la salud colectiva como derecho de todos.
Destacamos la urgencia de desarrollar puestos de trabajo genuino que acompañen el crecimiento económico. Si bien la tasa de desocupación ha disminuido luego de la crisis De los años 2001 y 2002, más de la mitad de las y los trabajadores no superan los niveles de pobreza y no cubren con su trabajo la canasta básica. El 40% trabaja en forma precaria, no formal, y la mitad de los que trabajan está sobreocupada. A estas condiciones no dignas de trabajar las hemos denominado dis-ocupación.
Reclamamos asimismo por otro de los sectores gravemente afectados por la pauperización: el de la adolescencia y juventud, particularmente en el tramo de edad en el que terminan tempranamente su escolarización (alrededor de los 15 años), y que no reciben tampoco en los años subsiguientes ninguna forma aceptable de capacitación laboral. Al no tener acceso a experiencias de trabajo conjunto con personas jóvenes o adultas laboralmente calificadas, quedan en la categoría de excluidos a largo plazo, ya que las oportunidades de empleo existentes requieren cada vez más niveles de educación formal y de capacitación para el trabajo, que no tienen dónde obtener.
Esta juventud sin esperanzas con frecuencia no tiene tampoco la contención y capacitación de tipo familiar, ya que sus propias familias de origen han sido destruidas por el mismo proceso de pauperización. La falta de atención a esta problemática reproduce a futuro amplios sectores que a priori han sido privados de las oportunidades socioeconómicas más elementales. La situación actual en este aspecto es lamentable, ya que esta problemática se reduce desde el poder político a una cuestión de seguridad para los que tienen y a la represión policial como única respuesta a los que no tienen. Es más justo dejar de hablar de “los jóvenes violentos” y referirnos a “los jóvenes violentados”.
Una de las formas extremas de la condición de jóvenes violentados es la situación en la que se encuentran niñas, niños y jóvenes sometidas a la explotación sexual en algunos casos bajo las formas más absolutas de esclavitud.
Señalamos que la cuarta parte o más de los jóvenes entre 15 y 25 años (alrededor de 1.500.000 jóvenes en cifras censales) no estudian ni trabajan. Se generan así situaciones favorecedoras de la violencia al despojar a un sector amplio de la juventud del derecho a estudiar y trabajar. Es un modo de sufrimiento cotidiano y de acostumbramiento a la injusticia, una injusticia social que no se ve. Por ello la conceptualizamos como naturalización de la injusticia social.
La vivienda, cuyo déficit se acentuó a partir del proceso hiperinflacionario de los años 1989-90, es otro de los bienes no recuperados por los sectores populares y que puede ser promovida desde el estado, atendiendo a las nuevas tecnologías que permiten su rápido incremento, con bajos costos de mantenimiento y con la posibilidad del aumento correlativo de puestos de trabajo y de desarrollo industrial: no hay dignidad en la vida cotidiana sin un hábitat digno.
Educación, Salud, Trabajo y Vivienda son bienes vitales para el logro de la equidad distributiva.
Instamos al Estado a utilizar y promover el uso de software libre y formatos abiertos en todas las dependencias de la administración pública y en la educación para respetar el Derecho a la libertad de los usuarios, en tanto creemos que el conocimiento científico es una construcción social que debe estar al alcance de todos y todas sin restricciones tecnológicas, comerciales, de patentes ni de otro tipo.
La información que el Estado maneja no puede quedar en manos de empresas privadas por razones de soberanía y seguridad.
4. Los bienes y recursos colectivos, naturales y sociales
Celebramos que se haya aprobado, en nuestro Estado de Derecho una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y que se haya derogado la ley de facto. Esto crea las condiciones hacia un más pleno derecho a la información y a la comunicación libre de presiones políticas o económicas con vistas a subrayar la diversidad en la comunicación audiovisual. Pero advertimos que se debe avanzar en su reglamentación y evitar todo monopolio que continúe favoreciendo a empresas y grupos de poder, con altos recursos económicos, políticos y mediáticos y que asegure una garantía democrática en la participación de voces de toda la comunidad.
Rechazamos las acciones judiciales que obstaculizan la implementación de la ley.
Afirmamos que es preciso defender con mayor compromiso las riquezas mineras, acuíferas y forestales del país. Consideramos que la falta de cuidado de nuestros recursos naturales termina afectando los derechos humanos de nuestra población presente y futura y en particular a los Pueblos Originarios que siguen estando privados de sus derechos y del reconocimiento de su cultura.
Reclamamos una nueva ley que controle la explotación minera a cielo abierto dado que la actual situación ha creado serios problemas ecológicos especialmente por la contaminación del aire y los ríos, malgastando millones de litros de agua semanalmente y afectando seriamente la salud de la población cercana al lugar de explotación. Además las empresas mineras se favorecen con ganancias exhorbitantes que constituyen un saqueo de nuestros recursos naturales.
La salud, el agua y la tierra son mas valiosos que el oro, la plata y otros minerales.
Fue positiva en esa dirección la aprobación unánime de la ley en defensa de los glaciares, y entendemos que el poder legislativo debe revertir el veto posterior por parte del Poder Ejecutivo.
Aspiramos a acciones políticas respetuosas de las diferencias para anteponer los intereses de la Nación y sus habitantes a los intereses privados o corporativos nacionales y transnacionales. La construcción de la democracia se retrasa cuando prevalecen intereses individuales y sectoriales que impiden su avance.
Lamentamos el acelerado deterioro en el campo político agudizado en los últimos meses, caracterizado por una fuerte descalificación mutua, una acentuada lucha de intereses partidarios por sobre los de la Nación, y una creciente interferencia de intereses económicos privados. Estos generan manifiestas contradicciones éticas y políticas que nos han llevado a una grave situación de confusión que afecta el buen funcionamiento de las instituciones del Estado además de las relaciones sociales. Estas dificultades impiden un funcionamiento regular del Congreso de la Nación que retrasa importantes asuntos en su agenda, que son parte del interés general.
Repudiamos asimismo los hechos de corrupción manifestados tanto en diversos estamentos del Estado como en el ámbito de la actividad privada a través de la acción monopólica de los grupos de poder económico concentrado prevalecientes en el mundo de los grandes negocios comerciales, industriales, productivos y financieros. Nos preocupa el hecho de que la disponibilidad de elevados recursos económicos ejerza una influencia deformante en el resultado electoral por encima de los programas de gobierno.
Repudiamos las acciones mafiosas y la complicidad en ciertos ámbitos judicial, policial y político de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas, la prostitución, la trata de personas, el secuestro y la esclavización de personas. Junto con el maltrato a los detenidos, la venta de niños, el abuso sexual, la violencia de género, la injusta situación de los Pueblos Originarios y la carencia de acceso a la justicia de los pobres y marginados, constituyen nuestras peores lacras sociales.
Afirmamos que toda persona tiene valor, no importa su condición social, cultural o económica.
En cuanto a la trata, señalamos que este serio problema en crecimiento está reduciendo a la esclavitud a muchas personas, por acción de redes mafiosas. Reclamamos una mayor decisión política, judicial y policial en prevenirla y combatirla. La Ley 23.364 sobre Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas que fue sancionada en el año 2008 y promulgada un año después, aún no ha sido reglamentada, ni se ha asignado presupuesto para su implementación. Exhortamos al Poder Ejecutivo a cumplir con estos requisitos, necesarios para que la Ley se convierta en una realidad efectiva, aunque luego debamos señalar las reformas necesarias para su mejoramiento.
La violencia de género es un acto político cuyo mensaje es la dominación. Las Naciones Unidas otorgan a los Estados la responsabilidad de prevenir, erradicar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres. El Parlamento Argentino, trece años después de haber asumido este compromiso, al ratificar la Convención Latinoamericana, sancionó la Ley 26.485. Es una ley muy amplia que contempla medidas de prevención, fija los ámbitos en que se ejerce la violencia de género y define los tipos de violencia, pero no contempla las penas para quienes la ejercen. A un año de su sanción permanece también sin ser reglamentada, y si bien ya está en vigencia solo se pueden aplicar algunos de sus artículos. Es indispensable que el Poder Ejecutivo acelere su reglamentación y la dote del presupuesto adecuado. En el presupuesto 2010 no se han votado recursos para su implementación. Se solicita la ampliación del número de juzgados de familia y de las profesionales judiciales especializadas, para evitar el colapso de los tribunales existentes.
Advertimos que se han acentuado las violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios y del campesinado, especialmente por parte de grandes propietarios de emprendimientos agropecuarios y terratenientes que invaden con violencia sus territorios para despojarlos de sus tierras con la complicidad del poder político y judicial, tal como lo muestra un informe recientemente presentado en nuestra sede por el MOCASE y otras organizaciones campesinas. Los campesinos, criollos e indígenas van siendo desalojados sistemáticamente primero con amenazas, luego con el uso de armas manejadas por “empresas de seguridad”, quema de ranchos, despojo de sus arados artesanales hasta lograr el desplazamiento total de la familia. Todo ello estimulado por el insaciable aumento del cultivo de la soja que no reconoce fronteras.
Uno de los últimos casos denunciados ha sido el que ha llevado a la muerte a Sandra Juárez, una joven mujer campesina de treinta y tres años, en la localidad de San Nicolás en el Departamento de Banda en Santiago del Estero el 13 de marzo pasado. Murió de síncope cardíaco enfrentando una topadora que invadía su terreno en un operativo de la empresa cordobesa Namuncurá S.A. con la protección de la Gendarmería.
Se han sucedido asimismo otros casos violentos en Las Lomitas, Santiago del Estero con la comunidad Wichi y en otros lugares del país.
Un reciente pronunciamiento del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas recomienda que el Estado Argentino trabaje con urgencia esta situación: “El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas para asegurar que la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional.” Además reclama “que el Estado investigue eventos recientes de pueblos indígenas, sancione a los responsables y compense a los afectados.” Cabe recordar que la Ley Nacional 26.160 frenó por cuatro años los desalojos de las comunidades originarias, esta ley fue extendida por igual período.
Lamentablemente seis provincias se niegan a aplicarla, basándose en una incorrecta utilización de la concepción del federalismo: Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén.
5. La posición de la APDH en el plano internacional
Celebramos la ratificación de la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas. La importancia de la Convención radica en que tipifica la figura del desaparecido, identificándola como crimen sui generis en el derecho internacional y obliga a los Estados a detener a los responsables, perseguirlos, juzgarlos y condenarlos. Ahora más que nunca es imprescindible avanzar en el camino de la verdad y la justicia a través de los juicios por el terrorismo de Estado.
Al mismo tiempo es preciso garantizar la seguridad de los testigos.
Instamos a la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos de los privados de libertad. Asimismo llamamos a difundir y profundizar las investigaciones pertinentes sobre malos tratos al interior de las cárceles y a penalizar a todo responsable de actos de tortura. Acompañamos a la Comisión Provincial por la Memoria en su decisión de crear un Registro Nacional de Casos de Tortura.
En el mismo sentido, nos permitimos insistir en nuestra preocupación por el incumplimiento de la obligación asumida al ratificar el Protocolo Facultativo para la Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y sobre la creación de un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.
Con referencia a la redacción de un protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño y reconociendo la importancia central que significa el establecimiento de un procedimiento de denuncias que ratifique el compromiso de la comunidad internacional en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, la APDH insta a los Estados a comprometerse cabalmente con la tarea de redacción del instrumento jurídico.
Señalamos nuestra preocupación por el uso indistinto que se viene impulsando desde distintos actores de la comunidad internacional, entre Missing persons y enforced disappearances, máxime cuando la terminología empleada en algunos idiomas puede coadyuvar a la confusión (por ejemplo en español ambas expresiones son traducidas como “desaparecido” prestándose a múltiples malas interpretaciones). La distinción que debe ser tenida siempre en cuenta es que la desaparición forzada de personas es un delito autónomo, que en algunos supuestos puede constituir un delito de lesa humanidad.
Por su parte, missing persons puede obedecer a un abanico mucho más amplio de causales y por acción de un espectro variado de sujetos que pueden intervenir en esos supuestos, los que pueden ser estatales o no.
Celebramos asimismo el impulso que el Gobierno Nacional le da en los foros internacionales al reconocimiento del derecho a la verdad. La construcción de este nuevo derecho autónomo es consecuencia del desarrollo y avance del derecho internacional de los derechos humanos.
Este derecho debe garantizarse aún cuando las leyes de impunidad impidan la persecución criminal de los autores de crímenes de lesa humanidad. Así adquiere dimensión de derecho autónomo no vinculado con las facultades jurisdiccionales de los tribunales judiciales.
Expresamos también nuestra más enérgica condena por la aplicación de la llamada "Directiva de Retorno de la Unión Europea" aprobada por el Parlamento Europeo en 2008. Su aplicación durante estos dos años es la constatación de graves violaciones a los derechos humanos de humildes trabajadores y sus familias.
Esperamos que los Estados de la Unión Europea asuman su rol en la universalización de estos derechos fundamentales y se comprometan a respetar en su legislación regional y nacional los derechos de las personas migrantes en cumplimiento con los estándares internacionales en la materia.
Como lo ha hecho siempre desde su creación hace 34 años, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mediante su Mesa Directiva, integrada por 15 Secretarías a cargo de igual número de áreas específicas de trabajo, asistidas por sus Comisiones Asesoras, acompañada por una Red de 29 Delegaciones desplegada a largo y a lo ancho del país, con el reconocimiento de las Naciones Unidas a través de su Status Consultivo como miembro del ECOSOC, da permanente testimonio de su compromiso y apoyo a los valores y trabajos cotidianos de su Cuerpo Activo Militante frente a los desafíos que presenta la sociedad la conflictiva realidad de nuestro tiempo.
Documento presentado por la Mesa Directiva al Consejo de Presidencia del 16 de abril del 2010.