Rechazo a la judicialización de manifestaciones callejeras de estudiantes de la UBA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su preocupación y rechazo ante el pedido de los fiscales en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Brunet y Martín Lapadú de penas de prisión efectiva de entre 20 y 50 días contra los estudiantes Juan Oribe, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesica Calcagno, ex presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Patricio del Corro, Secretario General de este último Centro por haber participado de varios cortes de calles de la ciudad entre septiembre y diciembre de 2009, penas solicitadas en una causa penal. Dicha causa se ha sustanciado por la participación estudiantil en manifestaciones callejeras en adhesión solidaria a la lucha de los trabajadores de la empresa Kraft –Terrabusi, que buscaban recuperar los puestos de trabajo de 160 despedidos, objetivo que en gran parte se logró a raíz de sus movilizaciones. Una vez más nuestro organismo señala la creciente y antidemocrática criminalización de la protesta social en nuestro país, que en este caso, como señalan los estudiantes incriminados, fueron fotografiados en un trabajo de inteligencia persecutorio e ilegal de los participantes en cada corte a lo largo de los meses señalados, fotos agregadas a la causa penal, donde se incluyen además datos personales, estudiantiles y de filiación política, a lo largo de 600 fojas, de todo lo cual se enteraron en el mes de marzo de 2010 a raíz de una comunicación llegada a las Facultades. Solicitamos por ello al tribunal competente que cese en estas medidas de penalización disciplinaria propias de una dictadura.