Reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia

Río de Janeiro, Brasil, 16 y 17 de septiembre de 2008

INFORME DE RELATORIA


1. Lugar y Fecha

La reunión fue organizada por la Secretaria Especial de Derechos Humanos (SEDH) y Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con el apoyo técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Se realizó en Río de Janeiro, Brasil, los días 16 y 17 de septiembre de 2008. El objetivo de la reunión fue formular recomendaciones sobre un proyecto de Convención de Derechos de las Personas de Edad y sobre las medidas prácticas que habría que tener en cuenta para impulsar la creación de una Convención y de un Relator Especial de los derechos de las personas de edad.


2. Participantes

En la reunión participaron representantes de gobiernos de trece países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana, y Uruguay), representantes de organismos internacionales (CELADE- División de Población de la CEPAL, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA), Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (Caritas Alemania, Asociación Internacional de Gerontología, Global Action on Ageing, HelpAge International), otros organismos brasileños como el Consejo Nacional de Derechos de las Personas de Edad, Asociación Nacional de Gerontología, Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología, Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público de Defensa de las Personas de Edad y Personas con Discapacidad, Asociación Nacional de Defensores Públicos, Servicio Nacional de Comercio, Centro Interdisciplinario de apoyo e investigación en envejecimiento, Centro Latinoamericano de Violencia y Salud-CLAVES/FIOCRUZ, Centro de Prevención de la Violencia contra la Persona de Edad de Pernambuco, Asociación Municipal de apoyo comunitario-AMAC, Asociación Brasileña de Psicología Aplicada, Confederación Brasileña de Jubilados, Pensionados y Personas Mayores de Brasil, Frente Parlamentario de Entidades Civiles y Militares en defensa de la Providencia Pública y los Consejos de Defensa de los Derechos de las Personas de Edad de Piauí, Alagoas, Río de Janeiro; Representantes de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH de Argentina, del Centro de Capacitación y Desarrollo de Chile, Confederación Latinoamericana de Trabajadores Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores y la Confederación de Pensionados y Adulto Mayor de Curacao, Grupo Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontología, y Universidad de Sevilla de España.


3. Desarrollo de la reunión

En la inauguración de la reunión participaron Luciana Melchert Presas, Secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, División de Temas Sociales; Paulo Barbosa, Presidente Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de Brasil; Sergei Zelenev, Jefe de la Oficina de Integración Social de la División de Política Social y Desarrollo, UN/DESA, y Perly Cipriano, Subsecretario Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil. La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que la reunión fue organizada en seguimiento de la Declaración de Brasilia y subrayó la necesidad de avanzar paulatinamente en la creación de una Convención de los Derechos de las Personas de Edad en el contexto mundial. Consideró especialmente importante la creación de un grupo de expertos para la elaboración de una justificación jurídica de un instrumento internacional de derechos humanos para las personas mayores.

El funcionario de UN/DESA reiteró la importancia de la Declaración de Brasilia y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de basar las políticas públicas en conceptos de derechos, de incorporar la participación de la sociedad civil en el proceso de discusión del tema de derechos humanos y de tomar como referencia el proceso elaboración de otras Convenciones. Mientras que el Presidente Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de Brasil entregó argumentos en relación a la importancia de contar con un documento jurídicamente vinculante para la protección de los derechos de las personas de edad.

El Subsecretario de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil destacó la necesidad del involucramiento de todos los gobiernos y la sociedad civil para avanzar en la elaboración de una Convención. Para ello es necesario contar con políticas de alianza con los demás continentes y crear un grupo de expertos para estudiar y analizar las posibilidades actuales de los instrumentos de derechos humanos para proteger a las personas de edad, así como la necesidad de justificar un instrumento específico y los contenidos jurídicos del mismo. Invitó a los demás gobiernos a trabajar juntos en este tema y construir mancomunadamente un escenario favorable para el impulso de las iniciativas acordadas en la Declaración de Brasilia.

A continuación se presentó la metodología de trabajo de la reunión, entregando antecedentes del origen de la misma y de la forma de proceder para discutir y analizar los temas de la designación de un Relator Especial y elaboración de una Convención sobre los derechos de las personas de edad

En el primer panel se presentaron dos exposiciones: los derechos de las personas de edad en el ámbito internacional y de América Latina y el Caribe y los mecanismos especiales de protección de los derechos humanos y las personas de edad (Relatores).

La experta del CELADE-División de Población de la CEPAL, abordó tres tópicos en su presentación. En primer lugar, trató el asunto de las personas mayores como sujeto de derechos y la necesidad de realizar un cambio de paradigma para abordar los asuntos de la vejez, desde una perspectiva basada en la asistencia a una fundada en el enfoque de derechos. Luego continuó con el tema de las personas de edad en los instrumentos internacionales de derechos humanos y mencionó las fuentes del derecho y las formas de incorporación de las personas de edad. Finalizó con un análisis del marco legal de protección de los derechos de las personas de edad e indicó que en muchos países existen legislación y normas especiales a favor de las personas de edad, lo cual es un avance, aunque existen importantes retos para el cumplimiento de los mismos. Entre las principales dificultades para la efectivización práctica de estas leyes se encuentra la: falta de acceso de información, escaso presupuesto público, mecanismos débiles de participación y desafíos relacionados con el empoderamiento de los titulares de derecho.

El experto de la Universidad de Sevilla, explicó los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la labor de los procedimientos especiales en relación con las personas de edad y las potencialidades de una Relatoría especial sobre derechos de las personas de edad. Indicó que existen normas que regulan los procedimientos especiales, que constituyen el marco de la actuación de los relatores y que son los principios básicos para desempeñar su mandato. Entre las principales actividades que realizan los relatores se encuentra la elaboración de un informe anual al Consejo de Derechos Humanos, realización de visita a países, Comunicaciones a Gobiernos y Otras actividades promocionales.

Las relatorías hasta el momento no contemplan temas particulares de las personad de edad, sólo en algunos mandatos como en el desalojo y pobreza extrema se puede hallar alguna mención especifica al respecto. En el mandato de alimentación sólo se habla sobre la edad en relación con la niñez. En educación y en salud hay una incorporación muy débil. Ninguno de los mandatos hace mención a las personas de edad como grupos vulnerables. De acuerdo a la “Resolución 5.1 del Consejo de Derechos humanos y su construcción”, antes de establecer un nuevo mandato se debería pensar si existe mandatos que solo falta ampliarlos. Entre los criterios para un nuevo mandato relacionado con las personas de edad hay que incrementar el nivel de protección, vacíos temáticos, no duplicación. Un nuevo mandato relacionado con personas de edad tiene grandes ventajas y potencialidades para reconocer a las personas edad por su carácter universal, colma el vacío de protección en ausencia de un instrumento internacional específico y facilita el dialogo con las agencias internacionales, gobiernos y sociedad civil.

En el segundo panel se presentaron dos exposiciones: Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad, y los derechos y libertades fundamentales de las personas de edad.

La Vicepresidenta del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó la necesidad de posicionar el tema de las personas mayores y por lo tanto la necesidad de establecer un mandato. La sociedad civil debe pedir y exigir que el tema de las personas de edad se contemple como parte de los derechos humanos, así como la necesidad de exigir a los gobiernos una voluntad política. Hay que promover la voluntad política de los Estados para que apoyen una iniciativa de largo plazo y se diseñe una estrategia política para llevar adelante la propuesta en el ámbito internacional. El objetivo es lograr la aprobación de una Convención porque así lograr la justiciabilidad de los derechos de las personas de edad. Recordó que en materia de derechos de las personas de edad existe muy poco en el ámbito internacional, sin embargo el Protocolo facultativo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un ámbito propicio para tratar el tema de los derechos de las personas de edad mientras no se cuente con una Convención a favor de las personas de edad.

El especialista de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que su institución está trabajando en el establecimiento de un marco estratégico de los derechos de las personas de edad y detalló el fundamento jurídico del borrador de dicho instrumento. Resaltó los aspectos de la Declaración de Brasilia en el ámbito de los derechos humanos así como los vínculos entre derechos humanos y salud. En cuanto a una Convención, ésta debería ser específica en cuanto a los mecanismos de acción correspondiente.

A continuación intervino la Vice-Presidenta de la Asociación de los Miembros del Ministerio Público de Defensa de los Mayores y Personas con Discapacidad de Brasil y entregó la perspectiva de su organización en relación a los posibles contenidos de una futura convención de los derechos de las personas de edad.

El siguiente panel sobre Principios orientadores para la elaboración de un instrumento de protección de los derechos de las personas de edad, participaron el Jefe de la Oficina de Integración Social de la División de Política Social y Desarrollo, UN/DESA, una funcionaria del CELADE-División de Población de la CEPAL y el Presidente del Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de Brasil.

El representante de UN/DESA indicó que para avanzar en una convención hay que construir alianzas con varios actores y delinear una serie de recomendaciones específicas para las personas de edad. La Convención va a facilitar dar respuestas adecuadas a las personas de edad.

Es necesario tener una Convención, y no esgrimir que ya existen los instrumentos necesarios o que las personas con edad no necesitan instrumentos específicos porque no son un grupo específico con derechos particulares. Los Pactos Internacionales de los derechos humanos no contienen especificaciones para las personas con edad, y ello ya fue considerado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Para llegar a construir una Convención hay que lograr que los Estados miembros trabajen con sus ministerios correspondientes y es esperable que Brasil lidere la propuesta y busque alianza con otros países estratégicos.

La representante del CELADE explicó el significado de una política pública basada en el enfoque de derechos. El derecho al desarrollo es una medida de respeto de todos los derechos humanos y considera como fundamental la participación activa, firme y decidida en el proceso de desarrollo de la sociedad civil. Los Estados deberían garantizarla igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a recursos básicos, empleos y justa distribución de los ingresos, explorar sus posibilidades de vocación y la voluntad internacional, y tratar de introducir el tema en la agenda conceptual que trabaja Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos.

El Presidente del Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de Brasil indicó que hay un consenso amplio en los países de la región acerca de la necesidad de contar con una convención para las personas con edad. Indicó que se trata de una oportunidad para contribuir a la democracia y debe considerar la heterogeneidad de las personas de edad, incluyendo la zona de residencia, el género y el origen étnico. Concluyó indicando que no aplicar los derechos de las personas de edad tiene un costo más elevado que impulsar una Convención a nivel mundial.

El segundo día se continuó tratando el tema “Principios orientadores para la elaboración de un instrumento de protección de los derechos de las personas de edad” y participaron la Directora de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina, Jenny Lowick- Russell, Jefa de Coordinación Intersectorial y Regional, Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile y Alexander Kalache, Consultor HelpAge International.

La Directora de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina reafirmó la necesidad de tener una Convención para las personas de edad para combatir entre otros aspectos los estereotipos asociados con la vejez y sus consecuencias en términos con la pobreza, enfermedad y discapacidad. Planteo que el punto esencial de una futura convención es avanzar en términos de igualdad y no discriminación de las personas de edad. Finalizó comunicando la decisión de su gobierno de continuar contribuyendo con las consultas para la elaboración de una convención sobre los derechos humanos de las personas de edad. A ese respecto, informó que Argentina convocará a una reunión para el análisis de un borrador de la misma, que incluya los diferentes aportes efectuados al proceso iniciado con la Declaración de Brasilia, tanto en cuanto a contenidos como a la formalización del instrumento. Expresó que si bien el párrafo 26 de la Declaración de Brasilia menciona el ámbito de las Naciones Unidas, resultaba conveniente explorar también la vía del sistema interamericano, a fin de facilitar el avance en una materia que varios gobiernos estimaban prioritaria.

La representación del Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile resumió los pasos que ha realizado el país con posterioridad a la adopción de la Declaración de Brasilia. Indicó que la institución rectora del tema ha tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar sobre los acuerdos de la Declaración en el ámbito de Derechos Humanos y que éste ha instruido a la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos internacionales para promover ante el Consejo de Derechos Humanos la designación de un relator especial de derechos de las personas de edad. Igualmente dio a conocer las recomendaciones que el Gobierno de Chile en relación a los contenidos de una futura convención sobre derechos de las personas de edad, y agradeció al Gobierno de Brasil la realización de la presente reunión.

El representante de HelpAge International indicó que la organización se encuentra comprometida con el tema de derechos de las personas de edad y que espera continuar desarrollando acciones en conjunto con la sociedad civil para promover la elaboración de una futura convención sobre los derechos de las personas de edad.

El último panel “Contribución de la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos de las personas de edad” participó Susanne Paul de Action Global on Ageing, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH de Argentina, la IAGG y Caritas Alemania.

Todas las organizaciones dieron su más amplio apoyo al desarrollo de un futura convención de derechos de las personas de edad en el ámbito de las Naciones Unidas, e reafirmaron su intención de contribuir desde la perspectiva de la sociedad civil al desarrollo de la misma en similares condiciones a las que se dieron en el contexto de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada una de las organizaciones entregó recomendaciones específicas en relación a los contenidos de la Convención, entre los que destaca los temas de mujeres de edad, participación social, seguridad económica y acceso a servicios, trabajo, solidaridad intergeneracional, vivienda, entre otros. Igualmente de la IAGG dio lectura a la Declaración de la Reunión de Montreal organizada por la Federación Internacional de la Vejez.

Durante la reunión se trabajó en los aspectos técnicos relacionados con la elaboración de una Convención sobre derechos de las personas de edad y designación de un Relator Especial en el tema. Ningún país presentó un documento oficial de Convención.


4. Propuestas de la Reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia en materia de derechos humanos (Párr. 25-26).

Los representantes gubernamentales y de la sociedad civil presentes en la Reunión de seguimiento acuerdan someter a la consideración de sus respectivos Gobiernos las siguientes propuestas:

Convención instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de las personas de edad

    1. La reunión tomó nota del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado “Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” (Doc. ONU A/63/95), que será analizado por la Tercera Comisión de la Asamblea General durante su 63º período de sesiones. A ese respecto, se sugiere a los Gobiernos que apoyen incluir, en la Resolución respectiva, un pedido al Secretario General para que presente un informe específico sobre los derechos de las personas de edad, durante el 64º período de sesiones de dicho órgano.

    2. Se propone a los Gobiernos que soliciten a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente de la OEA una sesión extraordinaria para tratar la situación de los derechos humanos de las personas de edad en el contexto de la Declaración de Brasilia, la colaboración técnica de las agencias especializadas y la posibilidad de elaborar una Convención sobre los derechos humanos de estas personas;


Establecimiento de un Relator Especial sobre los derechos de las personas de edad

    3. Se propone a los Gobiernos que lleven a cabo las consultas necesarias para la elaboración y presentación conjunta de un primer borrador de resolución sobre el mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad ante el Consejo de Derechos Humanos, y a impulsar las discusiones necesarias con los Gobiernos, la sociedad civil y otros actores interesados con miras a la aprobación del mandato.

    4. Se sugiere que la cuestión sea considerada en las intervenciones de los representantes respectivos en el Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos.


Próxima reunión de seguimiento

    5. El Gobierno de Argentina, aquí representado por la Jeja de Políticas Públicas para los Mayores, se compromete a convocar una segunda reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia, con el objetivo de comenzar la discusión en torno a los contenidos de un instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de las personas de edad. Dicha reunión se celebrará en abril de 2009, en Argentina.

    6. Los representantes gubernamentales se comprometen a sugerir a sus Gobiernos la solicitud de apoyo técnico a CELADE/CEPAL, OPS, y otras agencias internacionales.


Acción de la sociedad civil

    7. Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a apoyar y difundir las propuestas aquí presentadas por las mismas, como insumos en la discusión en torno a una Convención sobre los derechos humanos de los mayores, instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de las personas de edad.

    8. Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión se comprometen a impulsar un diálogo con los Gobiernos de sus países para promover el apoyo al establecimiento del instrumento jurídico vinculante y del mandato del Relator Especial sobre los derechos de las personas de edad, y para que los expertos que participaron en esta reunión representados a sus distintos Gobiernos estén presentes en la delegación de su Gobierno en el 47º período de sesiones del Comisión de Desarrollo Social.

    9. Las organizaciones se comprometen a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA una audiencia especial para tratar la situación de los derechos humanos de las personas de edad en el hemisferio, en el contexto de las normas internacionales e interamericanas aplicables a personas de edad y dentro del período de sesiones ordinarias de la CIDH.

    10. Impulsar un diálogo con los Miembros del Consejo de Derechos Humanos, con el apoyo de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, con miras a lograr el apoyo del mandato del Relator Especial, a través de consultas informales con las Misiones Permanentes en Ginebra y con la Presidencia del Consejo, así como la organización de eventos públicos paralelos durante las sesiones del Consejo.


Contacto:
Dr. Santiago Pszemiarower
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