Declaracion de la APDH Córdoba

9 de diceimbre de 2011

La salud es un derecho humano esencial y el acceso a su cuidado, en nuestra sociedad, está condicionado por altos niveles de inequidad.


La población que depende directamente del servicio público de salud, la más desposeída en la Provincia de Córdoba, está conformada por más de 1 millón 300 mil personas, el 40% de los cordobeses no tienen acceso a obras sociales o empresas prepagas de salud. En menores de 15 años el 60% de los chicos no tienen obra social, porque los niños son los más pobres.
Estas personas no tienen la opción de concurrir a una clínica privada y la atención de sus enfermedades es exclusivamente a través de la salud estatal.
En este marco general los hospitales públicos de nuestra provincia han permanecido inactivos durante más de dos meses.
Este gravísimo hecho, no tiene precedentes y afectó a la población más desprotegida.
El sistema público cordobés, duramente ajustado por las políticas neoliberales en los años 90, presenta un enorme déficit de infraestructura, que, a pesar de las últimas inauguraciones, sigue con una cantidad de camas por habitantes muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El gasto relativo, comparando con otras provincias, muestra que la salud no es una prioridad de nuestros gobernantes: gasto en salud por año por persona, Córdoba $ 59, Chaco $ 71, Salta $ 134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 260, Neuquén $ 360.
Los servicios de salud tienen la características de ser organizaciones que prestan “conjuntos de personas para personas”, que requieren un fuerte sentido de equipo, equipo que tendría que ser jerarquizado, capacitado y estimulado por quien tiene la responsabilidad final en relación a la salud de la población, es decir, el Estado; sin embargo parece ser que para nuestros gobernantes los equipos de salud son adversarios políticos o enemigos sociales. Mal pagos, sin carreras, desalentados, respondiendo a crecientes demandas sociales con poca capacidad material, no se pueden lograr buenos resultados. Enfermos que esperan por meses una cirugía o un especialista son lo cotidiano en los pasillos hospitalarios.
Índices de mortalidad infantil superiores a los que presentan provincias hermanas Mendoza,
Neuquén o Santa Fe reflejan la falta de estrategias sostenidas para alcanzar niveles aceptables en salud, por ejemplo, poco y nada hay en Atención Primaria de la Salud, una estrategia aceptada universalmente para mejorar la vida de las personas.
En Córdoba la política de salud está fuertemente sesgada a la atención de la enfermedad y no a la prevención.
Sólo el Estado es el que puede hacer prevención y promoción de la salud, no es posible incorporar a estas políticas a los sectores privados –aunque hay excepciones- ya que esto, la prevención y la promoción de salud, no es rentable para ellos.
Las políticas de Atención Primaria de Salud son las más eficientes en disminuir la enfermedad y preservar la salud, pero requieren inversión, sobre todo en personal multidisciplinario y trabajo comunitario.
Estas políticas son un deber y un compromiso del Estado, explícitos en nuestra Constitución Provincial y ratificadas en Pactos Internacionales con raigambre
[1] La Constitución de la Provincia de Córdoba establece, en el art. 59, que “La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones… El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos”.
[1] PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIADE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" Artículo 10
Derecho a la Salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de
otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Constitucional, que los gobernantes no pueden ignorar y que de una vez por todas deben ser cumplidas.
En este marco preexistente se produce la llamada “crisis hospitalaria” que se prolonga en el tiempo - ahora en período de conciliación - sin que se observen cambios significativos para acercar soluciones, profundizando el sufrimiento de las principales víctimas de esta situación las personas más indefensas, ahora marginados y carecientes entre otras privaciones, del acceso a la salud.-
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ante la gravedad de la situación, solicitó una audiencia al Sr. Gobernador para imponerlo de su ineludible y primaria obligación de garantizar el derecho a la salud de nuestra población. No encontramos respuesta.
El propósito primero era recordarle que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por nuestro gobierno, con jerarquía constitucional (art. 75, in.22, C.N.) expresa que “Los Estados-Partes…reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…” y para ese fin, establece: a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.-
No sólo el Poder Ejecutivo estuvo ausente en el desquicio que supone la parálisis del Hospital Público, los otros poderes del Estado, también se desentendieron de habilitar cursos de acción para la normal prestación médica. De tal suerte, una profunda anomia invade a nuestra comunidad, abandonando a su suerte a más de un tercio de la población.- Se impuso como problema principal la existencia del conflicto gremial entre los trabajadores de la salud y el gobierno, dejando de lado la consecuencia más desgraciada del referido conflicto
Desde la APDH nos dirigimos a los poderes públicos, –aprovechando que se abrió una instancia conciliatoria- que agoten los medios para que se garanticen la normal prestación de nuestros nosocomios públicos garantizando al personal de salud salarios y condiciones de trabajo dignas.-
Reiteramos que la obligación de asegurar la prestación normal hospitalaria, en cuanto la expresión y ejercicio de un derecho humano esencial, es obligación indelegable de los “Estado partes”, entre ellos el nuestro que incluye naturalmente el estado provincial y municipal.-
Desde APDH observamos cómo se sigue perdiendo el sentido de Salud como Derecho y que el sostenimiento de la misma, cada vez más, está vinculado a la capacidad económica de la familia que a la respuesta de la sociedad organizada para sostenerla con solidaridad.
Es posible que el conflicto gremial pueda superarse pero el problema de fondo seguirá si no se apuesta al principal motor de la democracia: la participación de los ciudadanos en la lucha por la vigencia de sus derechos esenciales.
Quedarnos a la espera de respuestas de los que hasta el presente manejaron el conflicto y dejaron a los centenares de miles de ciudadanos sin cobertura médica, significaría una actitud resignada que solo garantizaría mantener el “status quo” actual con las profundas injusticias.
Desde APDH creemos que es necesario debatir ampliamente en toda la sociedad como acordamos una política de salud provincial que supere la inequidad que caracteriza al actual sistema y nos permita conquistar y defender el derecho a la salud como un valor social de todos los cordobeses.-
Extendemos esta convocatoria a todas las organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, ONG’S y especialmente a las víctimas de esta injusticia deplorable.
Córdoba, 2 de diciembre de 2.011


Copresidentes
Lic. Rafael Velasco SJ; Rabino Marcelo Polakoff; Dra. María Elena Mercado, Dr. Rubén Arroyo
Vicepresidentes
Profesor Dr. Carlos Nota; Dr. Medardo Avila Vázquez; Dr. David Moisés Dib, Santiago Clavijo
Vocales
Dr. Enzo Stivala; Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe; Profesor Dr. Nelson Daniel Marcionni; Dr. Ricardo Castro; Dra. Fanny Massari; Dra. Adriana Mercedes Bruno; Dr. Gerardo Battistón, Dr. Juan Pablo Ruiz; Legisladora Marta Juárez, Dra. Susana Ojeda, Marcos Julio Puricelli; Guillermo Borioli; Lic. Gustavo Barrera; Dr. Hugo Zanatta; Arq. Juan Sánchez; Pastor Juan Pedro Schaad.
Secretario Coordinador
Diego Pereyra
Tesorera
Kay Massaccesi
APDH / Delegación Córdoba

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