Documento Político, por Miguel Monserrat. Corresponde a la continuidad de la reunión del Consejo de Presidencia del 05/12/08
CONSEJO DE PRESIDENCIA DEL 05-12-08
DOCUMENTO POLÍTICO (1)
1. 33º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA APDH.
Fundada el 18 de diciembre de 1975.
Esta reunión del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se realiza en coincidencia con la inminente celebración del 33º Aniversario de su fundación, gestada como respuesta de las fuerzas democráticas y progresistas de la sociedad a las difíciles circunstancias que vivía el país en esos momentos, sumido en un estado de violencia generalizada, ensombrecido por la aparición de grupos de carácter parapolicial y paramilitar y frente a la amenaza de una nueva ruptura del orden constitucional.
Ante ese cuadro de situación un grupo de hombres y mujeres exponentes de las más variadas expresiones y vertientes del pluralismo de la sociedad argentina, con firmes convicciones democráticas y con un claro compromiso por los derechos humanos, decidió constituir el 18 de diciembre de 1975 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Tal como lo informa el artículo 2º del Estatuto institucional ese compromiso se sintetiza en la defensa de los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionada el 10 de diciembre de 1948 y en los Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales incorporados a la Constitución Nacional, junto a su concepción ética de la vida y a la naturaleza democrática, multisectorial y pluralista, que habría de caracterizarla durante toda su trayectoria.
2. 60º ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948
Siete semanas después de la rendición de la Alemania Nazi y del fin del Tercer Reich y seis semanas antes de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, arrojada sobre la población civil el 6 de agosto de 1945, cincuenta naciones firmaron el 26 de junio de 1945 la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica.
Esta creación ha sido el más importante intento tendiente a establecer una instancia supranacional con el propósito de resolver por vías pacíficas los conflictos que puedan suscitarse en el plano de las relaciones internacionales, con el objetivo de resguardar la paz, evitar las guerras y promover el desarrollo económico y social de los pueblos.
Tres años después la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, produjo uno de los pronunciamientos más significativo y trascendente al dar aprobación y proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y disponer que su texto “fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.
3. 60º ANIVERSARIO DE LA CONVENCION SOBRE GENOCIDIO
Aprobada por las Naciones Unidos el 9 de diciembre de 1948
Otro acontecimiento no menos significativo fue la aprobación por las Naciones Unidas, sólo pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la Convención Internacional sobre Genocidio, como respuesta al clamor de la conciencia universal frente a los ideólogos y ejecutores del Holocausto, condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el proceso de Nuremberg.
4. 25º ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA.
Asunción del gobierno elegido por el pueblo el 10-12-1983.
Después de la larga y trágica noche de la Dictadura Militar y el Terrorismo de Estado sufrido por el país, la resistencia popular, las luchas sociales y finalmente la creación de la Multipartidaria Nacional, integrada por las fuerzas políticas y las organizaciones sociales del campo democrático y progresista de la Argentina lograron forzar, después de la derrota de la dictadura en Malvinas, la convocatoria a elecciones para restablecer el orden constitucional.
El pueblo se incorporó a la vida política y acudió masivamente a las urnas para abrir una nueva etapa de transformaciones que abrieran el camino hacia una reparación de la destrucción del Estado, de la recesión económica, del endeudamiento fraudulento del país y del deterioro social, que dejó como saldo la imposición del modelo neoliberal o de economía de mercado basado en el Consenso de Washington.
Es justo valorar los pasos dados en lo que acertadamente se ha llamado la “primavera democrática”, durante los primeros años de gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, (Cofundador de la APDH), quien entre otras acciones positivas impulsó el juicio a las juntas militares de la dictadura, la creación de la CONADEP y su valioso aporte al esclarecimiento y documentación de miles de casos de desaparición forzada de personas, la superación definitiva del conflicto limítrofe con Chile y la reorientación de la política exterior hacia una activa reafirmación de los derechos argentinos sobre la Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, en el marco de una política dirigida a profundizar le unidad e integración de América Latina y el Caribe.
Luego, una vez reconstituido el tradicional bloque de poder económico dominante, sobrevino el chantaje militar, que acompañado por la derecha política y económica logró un retroceso gubernamental para imponer las leyes de punto final y obediencia debida con el propósito explícito de trabar la acción de la justicia contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Debilitado el gobierno democrático, las mismas fuerzas retrógradas que lo acosaron y extorsionaron, decidieron ir por más, para llegar finalmente a tramar lo que pasará a la historia con la denominación de “golpe de mercado” o “golpe financiero”, con el doble propósito de desestabilizar una vez más las instituciones y condicionar a las futuras administraciones gubernamentales.
Fue la misma conjunción de intereses -internos y externos, políticos y corporativos- que desde el 6 de septiembre de 1930 (asonada militar que depuso al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen) ha promovido y usufructuado los Golpes de Estado perpetrados para derrocar a los gobiernos surgidos de la voluntad popular, toda vez que intentaron promover cambios políticos y económicos orientados a profundizar la democracia con sentido social, como así también cuando propugnaron afianzar la autodeterminación nacional.
Ejemplo irrefutable de esta anomalía histórica promovida invariablemente por las fuerzas de la reacción han sido, además de la desestabilización del gobierno constitucional en 1989 (Alfonsín), el derrocamiento de los gobiernos elegidos por la voluntad popular en 1955 (Perón), 1962 (Frondizi), 1966 (Ilia) y, por último, el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, promovido por el poder económico para imponer a sangre y fuego la transformación regresiva más brutal de la historia argentina.
Este último quebrantamiento del orden constitucional, en lo inmediato tuvo el doble propósito de impedir que el voto popular pudiera decidir el reemplazo del reaccionario y desacreditado gobierno de Maria Estela Martínez y, a la vez, institucionalizar el Terrorismo de Estado, que ya había aparecido en el país a través de la “Triple A”.
5. DEFENSA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A la lucha inicial por la recuperación de los Derechos Civiles y Políticos, violados sistemáticamente por el Terrorismo de Estado, se incorporó la lucha por la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, avasallados por la imposición en el plano económico, del capitalismo neoliberal, que subordinó la acción de los estados nacionales a los dictados de la llamada “economía de mercado”.
Después del fin de la guerra fría, la aparición de un nuevo sistema de dominación imperial a escala planetaria trajo aparejada la destrucción del orden jurídico internacional, la reaparición de aventuras bélicas colonialistas, bajo la doctrina de la “guerra preventiva”, con flagrante violación a las normas del derecho internacional y del derecho de gentes, con un sistemático desconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
Apareció, entonces un nuevo imperativo para los movimientos defensores de los derechos humanos, la lucha por la vigencia de los Derechos Colectivos o Comunitarios, fundamentalmente, los Derechos a la Paz, a la Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, al Desarrollo Económico Autosustentable, al Progreso Social y a la Libre Determinación de los Pueblos.
6. PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA.
Dada la relevancia que han adquirido los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), a partir del profundo deterioro económico y social producido por el capitalismo neoliberal, y la actual crisis financiera internacional generada en los centros del poder económico y financiero mundial, se hace evidente la intención de los Estados Unidos y sus aliados del G7 de descargar el peso de este colapso en los países subdesarrollados y en las naciones de economías emergentes.
Si bien en la reunión reciente del G20, fueron incluidos junto a los integrantes del privilegiado G8 los países emergentes, entre ellos, Brasil y la Argentina, estos países hicieron oír su voz para reclamar un nuevo orden económico mundial y una adecuada regulación del sistema bancario para que rectifique los rumbos que condujeron al cataclismo financiero actual.
No obstante, no existe seguridad alguna de que ello ocurra, mientras los gobiernos del primer mundo sigan apostando sólo a auxiliar a los bancos y grandes grupos empresarios, responsables de la desenfrenada especulación financiera y se desentiendan de las actividades productivas y de las adversas consecuencias sociales, que con cínico fatalismo consideran inevitables.
Ante este conflictivo cuadro de situación la Argentina deberá rechazar las recetas de la ortodoxia capitalista, promocionadas por los amanuenses del poder económico y financiero vernáculo y, por el contrario, profundizar un plan que apunte a fortalecer el mercado interno, a través del fomento de la producción y el trabajo, para avanzar en la impostergable redistribución de la riqueza.
Frente a estos desafíos no basta con denunciar los incumplimientos del Estado referidos a los derechos económicos y sociales consagrados en pactos y tratados internacionales, pero, sin vigencia efectiva, sino que es imperativo exigir soluciones no supeditadas ni al gradualismo ni a inciertas posibilidades futuras.
Para que lo expuesto sea posible, lo más conducente es reclamar políticas públicas activas y medidas concretas de enfrentamiento a los poderes fácticos dominantes, como único camino válido para hacer posible la satisfacción de las demandas sociales postergadas.
En síntesis, es preciso acompañar activamente la movilización de los sectores sociales en lucha por sus legítimas demandas, con propuestas en materia de política económica y social para que las normas constitucionales que consagran los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) dejen de ser meramente declarativas y adquieran carácter operativo.
En esta materia la APDH, a través de Carlos Grela, ha retomado su participación en el Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), institución de carácter continental con presencia en casi todos los países de América Latina.
7. BREVE RESEÑA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.
Se acompaña al presente documento la reseña anual de las actividades desarrolladas por la APDH, en las que se consignan las acciones cumplidas por la militancia que integra el cuerpo activo de la Asamblea, a través de todos sus estamentos institucionales: los órganos de dirección con las secretarias y comisiones de las numerosas y diversas áreas de trabajo específico.
Justo es reconocer el avance logrado en el desarrollo territorial de la institución a través de la creación de nuevas delegaciones en diversas ciudades del país y las tareas de promoción en curso para la puesta en marcha de muchas otras. Como así también destacar la intensa y valiosa labor que despliegan para enfrentar las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus respectivas jurisdicciones provinciales.
Corresponde destacar por su importancia institucional y su trascendencia en el terreno social el proyecto “Independencia y Acceso a la Justicia en América Latina”, puesto en marcha por iniciativa de nuestro compañero, el Dr. Leandro Despouy, Auditor General de la Nación y Relator de las Naciones Unidas, implementado con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Económica.
La marcha de la APDH en su conjunto en este último ejercicio ha ratificado como ejes rectores de su actividad institucional aquellas metas fijadas por los documentos políticos emitidos anualmente por el Consejo de Presidencia, junto a las respuestas a los nuevos desafíos que impone la cambiante realidad, tanto en el plano nacional como internacional y, en particular, en el ámbito de América Latina y el Caribe.
Finalmente, en cuanto a las diversas acciones en común que la APDH realiza con otras organizaciones sociales y con el Estado es ineludible mencionar su participación a través de Miguel Monserrat y Bella Friszman, como titular y alterna respectivamente, en el Directorio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), ente autárquico de la Administración Nacional, creado por Ley del Congreso de la Nación, con participación de la sociedad civil.
8. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS
La APDH ha sostenido la lucha contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado Terrorista desde los prolegómenos de la última dictadura militar hasta la recuperación del orden constitucional en 1983.
En tal sentido cabe destacar que después de la nulidad de las leyes de impunidad, se lograron las condenas a los ejecutores materiales de la represión criminal: Julio Simón, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich y Antonio Domingo Bussi, aunque quedan pendientes numerosas causas penales paralizadas y demoradas por la lentitud burocrática, la falta de recursos de la Justicia y la desidia deliberada de ciertos estamentos judiciales conocidos por su adhesión a la dictadura militar.
Pero es necesario reconocer que continúa, como una asignatura pendiente, el juicio y castigo a los autores intelectuales de la dictadura y el terrorismo de Estado, que no son sólo integrantes de las fuerzas militares, de seguridad y policiales, sino también los civiles, que idearon y condujeron el plan sistemático de represión e impusieron el modelo económico que sumergió al país en la más grave crisis de su historia.
Es necesario impedir que un manto de olvido cubra las responsabilidades de los autores ideológicos del genocidio. Recuperar la memoria sobre el papel de la llamada “prensa seria”, los “comunicadores sociales” de radio y televisión, las cámaras empresariales de la ciudad y del campo, con la asistencia profesional de los economistas del elenco estable al servicio del establishment.
La APDH ha seguido participando activamente en todos los pasos dados en los últimos años tendientes a convertir a la ESMA, como el más emblemático Centro Clandestino de Detención y Exterminio, en un Museo del Terrorismo de Estado y en un conjunto de iniciativas en manos de los organismos de derechos humanos integrados por familiares de las víctimas. En general destinadas a trabajar para la memoria histórica de las luchas políticas y sociales por la justicia y la igualdad.
En tal sentido, la APDH integra el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), (a través de Miguel Monserrat y Alicia Herbón, como titular y alterna, respectivamente), ente autárquico creado por Ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
También participa, por intermedio de Miguel Monserrat, en el Directorio del Ente Interjurisdiccional creado por el Acta suscripta oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de regular y administrar la totalidad del predio de la ex ESMA, compuesto por 17,5 hectáreas con 38 edificios.
Es oportuno mencionar que ya está concretado el funcionamiento en este predio de diversos emprendimientos de carácter nacional como el Archivo Nacional de la Memoria y un Instituto Nacional de Estudios Sociales e Históricos. Por último, se ha autorizado la instalación de un instituto cultural propiciado por la UNESCO y el funcionamiento de la emisora del canal de Televisión “Encuentro” del Ministerio de Educación de la Nación.
Finalmente corresponde mencionar la continuidad de la integración de la APDH a Memoria Abierta (Acción Coordinada de Organismos de Derechos Humanos) a través de la representación en su Comisión Directiva de Bella Friszman, Iniciativa creada para la recuperación y el registro de la documentación referida a la violación de los Derechos Humanos y a la represión perpetrada por el Terrorismo de Estado.
Mención especial requiere la participación de la APDH, por intermedio de Aldo Etchegoyen en la Comisión Provincial de la Memoria, ente público autónomo de la Provincia de Buenos Aires, creado por ley de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la Ciudad de La Plata e integrado por numerosas organizaciones sociales. Esta Iniciativa tiene acreditado un amplio reconocimiento por su proficua y consecuente acción a favor de la recuperación de la memoria histórica y de lucha contra la impunidad.
Finalmente, corresponde mencionar la participación de la APDH, a través de Alicia Herbón, en la Comisión pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y Parque de la Memoria, creada por la Ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con amplia participación de los organismos de derechos humanos y que ya ha concretado la construcción y habilitación del Parque de la Memoria.
9. DEFENSA DE LA PAZ.
Frente a la exacerbación de la ofensiva belicista del imperialismo desde sus injustificadas invasiones a Afganistán e Irak por decisión unilateral, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, hasta las actuales amenazas a Irán, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica mantiene al mundo en vilo y al borde de la guerra, con la incorporación de la doctrina de la “guerra preventiva”.
No se puede dejar de mencionar, desde la perspectiva latinoamericana, la grave emergencia que sufre la República de Colombia, con un gobierno que admite la injerencia política y la presencia militar de Estados Unidos en su territorio; anómala situación que ha convertido a este hermano país en una plataforma militar que amenaza la estabilidad de la región y obstruye toda posibilidad de resolución pacífica de la conflictiva situación existente en su propio territorio.
En el año en curso esta situación tuvo su más dramática expresión con la invasión perpetrada por el ejército de Colombia en territorio de la hermana República de Ecuador, con el comprobado apoyo logístico y aéreo de efectivos militares de Estados Unidos asentados en la Base Militar instalada en la cercana zona de Manta, en Ecuador.
A ello se agrega la utilización de la tortura como método de interrogación, la existencia de prisiones ilegales en Guantánamo y otros países y el mantenimiento de bases militares en todos los continentes y especialmente en América Latina y el Caribe.
Todo ello se ve agravado por la intención de instalar una base militar en Senegal para controlar desde ese vértice norte del Atlántico Sur, conjuntamente con la fortaleza militar asentada con acuerdo de Gran Bretaña. en nuestras Islas Malvinas usurpadas, todo el mar continental de América del Sur.
Todas estas intervenciones militares se realizan con la participación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) al margen de la ONU, no sólo en el Atlántico Norte, sino en todo el mundo, para configurar un cuadro de situación de alta peligrosidad, caracterizado por la permanente incitación a la guerra y amenaza a la paz.
Ante este desborde militarista de los Estados Unidos, utilizando como su brazo armado a la OTAN y frente a la necesidad de hacer conocer a los pueblos de América Latina y el Caribe, la gravedad de estos planes militares, que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan, se ha realizado por iniciativa de la APDH a través de Miguel Monserrat, una filmación documental sobre las acciones bélicas de la OTAN.
Esta película fue producida conjuntamente con compañeros de las entidades hermanas de derechos humanos y otras organizaciones sociales, con material fílmico de archivo y reportajes a expertos y testimonios de militantes por la paz, para denunciar los crímenes de guerra perpetrados y fue presentada en el Centro Cultural de la Cooperación y exhibida en nuestra sede social.
10. REACTIVACION DE LA IV FLOTA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
La reactivación de la IV Flota norteamericana después de más de 50 años no tiene ningún fundamento racional y contraviene todas las normas del derecho internacional. Su misión de patrullaje en el Océano Atlántico frente a las costas de América Latina significa claramente una provocación y una amenaza a la paz y al desarrollo de los procesos de transformación social y profundización de la democracia que vive América Latina y el Caribe, y especialmente América del Sur.
Esta nueva manifestación del histórico intervencionismo militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe no es ajena a los avances en los procesos de integración de la región, sobre todo después del rechazo a la imposición del ALCA en la histórica Cumbre de Presidentes de los países de la OEA realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005. Expresión de la voluntad de los pueblos de América Latina y el Caribe plasmada en el pronunciamiento unánime de la Cumbre de los Pueblos que se desarrolló simultáneamente.
11. LAS ISLAS MALVINAS.
La APDH ha emitido en su última reunión de la Mesas Directiva una declaración que reafirma los incuestionables derechos de la Argentina sobre el Archipiélago de las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña con apoyo de los Estados Unidos desde 1833, y hoy convertidas en una fortaleza militar vinculada a la OTAN y a los planes hegemónicos de Estados Unidos.
Gran Bretaña recientemente ha sancionado, una vez más por decisión unilateral y con absoluto desconocimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un nuevo status para las Islas Malvinas, tendiente a perpetuar su usurpación colonial.
Resulta evidente su intención de convertir a este archipiélago que por razones, geográficas, históricas y jurídicas pertenece a la República Argentina, en un seudo “estado independiente” asociado a la Comunidad Británica de Naciones, con el doble propósito de interponer un nuevo obstáculo a la legítima reivindicación argentina y, al mismo tiempo, perpetuar su anacrónica pretensión colonialista tendiente a mantener la usurpación como enclave militar para el control estratégico del Atlántico Sur.
12. INTEGRACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
El comienzo de un cambio histórico de tendencia política en América Latina, es el producto del surgimiento de varios gobiernos elegidos democráticamente que coinciden en una línea política transformadora en el plano económico y social interno, e integradora en el orden regional en un marco de respeto a los principios de libre determinación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de los estados nacionales.
Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, junto a Cuba, que resiste desde hace más de 40 años el bloqueo y la agresión imperialista, han comenzado a poner límites al intervencionismo militar y a la injerencia política de los Estados Unidos, replanteando un proceso emancipatorio.
Este proceso en el marco de una nueva y más favorable correlación de fuerzas está señalando claramente un punto de inflexión, que tuvo su primera exposición pública en el resultado de la Cumbre de Mar del Plata de noviembre de 2005, reunión de los presidentes de las América, donde se firmó el certificado de defunción del ALCA.
Después de la consolidación y ampliación del MERCOSUR, la creación de la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) marca el segundo hito fundamental en la historia del nuevo continente al retomar el camino de la unidad señalado por los libertadores San Martín y Bolívar en los días iniciales de la lucha por la independencia de España y –como advierte la Declaración del Congreso de Tucumán del 9 de Julio de 1816- “de toda otra dominación extranjera”.
El tercer acontecimiento histórico fue dado por la Reunión Cumbre de países latinoamericanos, sin la presencia de Estados Unidos, que tomo decisiones conjuntas para condenar la invasión militar de Colombia a Ecuador, violando la soberanía de este país hermano.
La cuarta manifestación de voluntad política independiente la dio la Reunión de Presidentes convocada en Santiago de Chile, con la presencia de diez países integrantes de la UNASUR, para tratar la grave situación de Bolivia frente a los intentos golpistas y separatistas de las minorías racistas de los departamentos de la media luna oriental, apoyados por la Embajada de Estados Unidos, con una categórica y unánime resolución de apoyo al gobierno constitucional de Evo Morales y a su política de profundización de la democracia y de integración de la mayoría indígena de la población hasta ahora discriminada y excluida.
Puede afirmarse que esta última decisión libre de los pueblos del sur es el más valioso testimonio de la voluntad política independiente de América Latina desde el año 1823, cuando el presidente de Estados Unidos James Monroe proclamó la equívoca doctrina que lleva su nombre: “América para los americanos”.
La quinta decisión trascendental ha sido la conformación, en el marco de la UNASUR, del Consejo de Defensa de América del Sur, que deja de lado al anacrónico e inequitativo TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y otros instrumentos y operativos habituales de la hegemónica estrategia de Estados Unidos.
La sexta mención es para celebrar la realización en el corriente mes de diciembre de la reunión conjunta del MERCOSUR con el SICA (Sistema de Integración de Centro América), primer encuentro de esa magnitud y representación que señala el inicio del actual camino hacia la autodeterminación de América Latina y el Caribe.
Consecuentemente, marca el camino hacia el ocaso de la OEA (Organización Estados Americanos) en lo que concierne a la defensa de la democracia, al mantenimiento de la paz y a la resolución pacífica de los conflictos en la región, debido a su manifiesta subordinación a los designios de los gobiernos de los Estados Unidos.
Dependencia que unida a su inoperancia condujeron a su justificado descrédito, aunque justo es reconocer el aporte positivo en cuanto a la defensa de los derechos humanos, a través de la actuación de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA durante los sombríos años de la proliferación de dictaduras militares promovidas por la Escuela Militar de las Américas y el Comando Sur del Pentágono, implementadas por la CIA y apoyadas por el Departamento de Estado.
13. ALGUNOS HECHOS DESTACADOS DEL AÑO
En el corriente año se han producido algunos hechos y circunstancias que han tenido significativa incidencia en la situación política, económica y social del país. Sobre estos temas la APDH ha fijado su posición a través de declaraciones o pronunciamientos propios o conjuntos con los organismos hermanos de derechos humanos y otras organizaciones sociales.
a. Conflicto con los empresarios del campo
La APDH por resolución de la Mesa Directiva ratificó su posición favorable a las retenciones a la exportación de commodities y crítica al lock out patronal de los empresarios del agro agrupados en la Mesa de Enlace, que mantuvieron durante 4 meses cortadas numerosas rutas del país y, a través de actos violentos, obstaculizaron e impidieron ilegalmente el libre tránsito de las personas y el transporte de mercaderías esenciales para la alimentación.
Frente a estos hechos, la APDH, sin negar el derecho a peticionar a las autoridades y a expresar la protesta social, cuestionó estos desbordes, que significaron de hecho la creación de inconstitucionales “aduanas internas” de carácter privado, obligaron a arrojar y destruir ingentes cantidades de productos alimenticios a la vera de las rutas, generando desabastecimiento y aumento de precios, como forma de expresar oposición, no sólo a las retenciones a la exportación, sino también el rechazo explícito a la capacidad del Estado para regular las actividades productivas.
El concentrado sistema mediático de carácter privado estuvo casi enteramente dedicado a difundir y justificar este proceder ilegal y, a su vez, tanto el gobierno nacional como las administraciones provinciales permitieron pasivamente estas acciones violatorias de disposiciones legales y constitucionales, sin adoptar las medidas pertinentes para defender el interés público afectado.
Como consecuencia de este conflicto hizo su reaparición una corriente de pensamiento político inspirado en el llamado “neoliberalismo” que rechaza la facultad de los poderes constitucionales y las instituciones políticas para legislar, planificar y regular las actividades económicas, que consideran únicamente subordinadas a las “leyes del mercado”, cerrando toda posibilidad de diseñar políticas dirigidas a promover una más justa distribución de la riqueza y, consecuentemente, a posibilitar un avance hacia la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
b. Crisis financiera internacional
El crack financiero y la consecuente crisis económica internacional originada en Estados Unidos con graves derivaciones negativas a escala planetaria, se constituyó en el tema central de la discusión política a partir de esos momentos. Resulta evidente que esta crisis inédita va más allá de lo puramente financiero, para convertirse en una crisis sistémica del capitalismo, que plantea la inviabilidad del antisocial modelo especulativo de las últimas décadas, inspirado en el “pensamiento único” plasmado en el Consenso de Washington.
Este cataclismo enfrenta a la humanidad con una crisis civilizatoria de la cultura occidental, basada en el afán de lucro, la dominación militar y la destrucción del medio ambiente, no podrá ser resuelta con una descontrolada emisión de dinero (que supera con creces la totalidad de bienes y servicios producidos en el mundo por la economía real), sólo dirigido a socorrer al sistema financiero internacional y a las grandes empresas transnacionales, sin atender a las necesidades sociales que afectan a los pueblos.
Los Estados Unidos y sus socios europeos sostenedores de estas políticas niegan esa realidad e impulsan una agresiva campaña de desinformación periodística para manipular y convencer a la opinión pública de que son responsables de esta situación políticas “populistas”, el excesivo gasto público y un supuesto “intervencionismo estatal”, que coarta a la iniciativa privada.
Desde el ámbito de los movimientos de defensa y promoción de los derechos humanos, avanza y se impone el consenso acerca de que sólo la unidad e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe en una acción mancomunada con las economías de los países emergentes de Asia y África se podrá dar respuesta a este crucial desafío.
En esos términos está planteado el debate en nuestro país y en el Continente. Disyuntiva que será necesario enfrentar y dilucidar, ya que, la posibilidad de cambio que trae aparejada toda crisis, podría ser una excelente oportunidad para superar el atraso y la desigualdad remanente y promover un desarrollo económico autónomo con justicia social,
c. Liquidación de las AFJP.
La liquidación de las AFJP, votada por el Congreso de la Nación, ha sido una histórica bandera de lucha de la APDH, reclamada reiteradamente en varios documentos aprobados por el Consejo de Presidencia desde el año 2003 .en adelante. Donde se planteaba “exigir la reestructuración integral del sistema de previsión social, eliminando el expoliatorio, mercantilizado e insolidario régimen de jubilación privada a cargo de las AFJP”.
En los fundamentos se expresaba que este sistema de capitalización no resolvió las limitaciones del sistema “de reparto” ni contribuyó a formar un mercado de capitales para promover la inversión productiva. Sólo sirvió, por una parte, para permitir un redituable negocio para esas empresas financieras y los bancos, que se apropiaron aproximadamente de una tercera parte de los aportes en concepto de comisiones y, por otra parte, para desfinanciar el sistema público basado en la solidaridad intergeneracional tradicional en nuestro país y vigente en la en la mayoría de los países del mundo.
Finalmente, los fondos acreditados en las cuentas individuales, sometidos a las fluctuaciones especulativas de los mercados, se vieron significativamente reducidos y, consecuentemente, los trabajadores que alcanzaron a jubilarse recibían haberes irrisorios que en el 70% del los casos debieron ser complementados por el Estado.
14. PROPUESTAS FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS
Frente a los desafíos expuestos la APDH, como organismo defensor de los derechos humanos, asume el compromiso de bregar por su difusión pública, promover su proyección en el ámbito legislativo, impulsar su demanda ante la Justicia y reclamar su efectiva aplicación por parte de los poderes ejecutivo a nivel nacional y provincial , con el propósito de alcanzar su plena vigencia en las políticas del Estado y, consecuentemente, crear las condiciones adecuadas para hacer realidad su exigibilidad judicial.
Antes de enumerar sus propuestas y demandas políticas, la APDH ratifica su total independencia de los poderes del Estado, de los partidos políticos y de las corporaciones económicas y factores de poder representativos o exponentes de intereses sectoriales.
Reafirma asimismo que su acción política es ajena a las posiciones e intereses partidistas, tanto de las agrupaciones oficialistas como opositoras, y que su único compromiso además de la defensa y promoción de los Derechos Humanos, está dado por su defensa de las instituciones republicanas del Estado y del sistema democrático de gobierno que se asienta en el sistema de partidos políticos consagrado por la Constitución Nacional.
a. derechos civiles y políticos
La APDH sostiene la defensa del derecho a la vida, la verdad y la justicia, y para ello propone:
• Profundizar la democracia para el conjunto del pueblo, promoviendo la igualación de todos los sectores, la creación de ciudadanía y la participación popular, a fin de que ésta no se limite al mero acto electoral.
• Luchar contra la discriminación en todas sus formas: Por motivos religiosos, por nacionalidad, por edad, por género, por condición social, cultural o étnica, por orientación sexual, por discapacidad, etc.
• Promover la defensa de los derechos de los pueblos originarios, la recuperación de sus territorios ancestrales, aceptando las formas colectivas de la propiedad y la preservación de su cultura e identidad.
• Promover una reforma judicial y de las fuerzas de seguridad para poner fin a toda forma de abuso de poder, maltrato, tortura, etc.
• Reforzar su posición permanente acerca del juzgamiento del Terrorismo de Estado y el Genocidio como crímenes de lesa humanidad, su imprescriptibilidad, la jurisdicción universal y la extraterritorialidad para los juicios por torturas y otros delitos atroces y aberrantes.
• Exigir un cambio en los sistemas carcelarios de las unidades penitenciarias y comisarías de jurisdicción federal y de las provincias, en cumplimiento de la prescripción constitucional “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo...”
• Reclamar mayores avances en los juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Reiterar a las autoridades la reforma procesal necesaria para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y al Consejo de la Magistratura que acelere los procedimientos para llevar a juicio a lo jueces remisos que traban o retardan los juicios a los represores y genocidas.
• Replantear el enjuiciamiento de los civiles que fueron promotores e ideólogos del Terrorismo de Estado y funcionarios de la Dictadura Militar.
(Esta última demanda fue incluida a propuesta de la APDH en la Declaración Pública conjunta emitida el 24-03-08 por los organismos defensores de los Derechos Humanos con motivo de cumplirse el 32º aniversario del golpe militar de 1976)
b. derechos económicos. sociales y culturales:
La hegemonía de las políticas neoliberales durante la década de los 90 ha producido transformaciones regresivas fuertemente negativas; la resultante de esta situación ha sido un verdadero genocidio económico-social. Si bien algunos indicadores macroeconómicos han mejorado en los últimos años, persisten todavía condiciones de desigualdad y pobreza que exigen ser reparadas. Frente a esta adversa realidad la APDH sostiene:
• .Intensificar la lucha por la vigencia de los Derechos Económicos y Sociales hasta eliminar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social.
• .Rechazar la judicialización de la protesta social y la criminalización de la pobreza, cuyas causas deben ser reparadas y no reprimidas sus víctimas.
• .Profundizar la definición y el análisis de las lacras producidas por la aplicación de políticas inspiradas en el Neoliberalismo .y el Consenso de Washington.
• Reiterar la demanda al Estado en favor de la intensificación de políticas activas para promover el desarrollo económico, junto a la redistribución de la riqueza con sentido social.
• Reclamar al Estado el restablecimiento en su nivel histórico de los aportes patronales para la jubilación (que no constituyen un "impuesto al trabajo", como tendenciosamente se afirma, sino que forman parte del salario de los trabajadores.)
• Exigir que tenga carácter operativo el cumplimiento de la norma constitucional que garantiza la vivienda digna para los sectores populares. Para ello el Estado debe recuperar el Banco Hipotecario Nacional como el instrumento idóneo para el financiamiento de la vivienda popular y al mismo tiempo promover la construcción masiva de complejos habitacionales para atender las necesidades de los trabajadores de menores ingresos y los sectores excluidos, que no tienen capacidad de ahorro.
• Intensificar la lucha por la salud pública, entendida como el completo estado de bienestar físico, mental y social del ser humano, lo que implica que no es sólo la lucha contra la enfermedad, sino también contra todos los factores que la generan y agravan. Por tanto el Estado debe asumir como una responsabilidad indelegable la prestación al pueblo de una medicina preventiva, reparadora y de rehabilitación y debe impedir su utilización con fines de lucro y como objeto de mercado. El hospital público y gratuito debe recuperar su carácter de eje fundamental del sistema de salud con sentido social.
• Reafirmar el derecho de todos los habitantes del país a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria.
• Rechazar las políticas de ajuste y de “enfriamiento” de la economía que, como siempre, recomiendan los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) y los economistas subordinados al poder económico y a los lobbies empresariales.
• .Promover la mayor participación popular en la lucha a favor de la ampliación y profundización del MERCOSUR, la consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), como así también, la pronta instrumentación del Banco del Sur, como herramientas indispensables para el desarrollo de las economías regionales y para la superación de las actuales asimetrías entre los países que las integran.
• Rechazar y denunciar aquellos tratados y compromisos asumidos en el pasado que, como los convenios bilaterales de inversiones del CIADI, consagran relaciones comerciales no recíprocas entre economías fuertemente desiguales y resignan la soberanía nacional, al aceptar la jurisdicción extranjera, para dirimir eventuales conflictos.
• Reclamar una política nacional que defienda los recursos naturales, (minería, agua, bosques, etc. y que ponga término al despojo y a la deforestación.
• Demandar al gobierno nacional y las administraciones provinciales el cese de los desalojos y las amenazas, las detenciones y persecuciones a los campesinos y comunidades de los pueblos originarios.
• Reclamar una Reforma Tributaria integral, que elimine los impuestos indirectos como el IVA, que gravan los consumos populares y paralelamente incrementar los impuestos directos que gravan las grandes ganancias y patrimonios y los consumos suntuarios.
• Restablecimiento del impuesto a la herencia y a las rentas financieras.
• Mantener e Incrementar en determinados casos de alta rentabilidad, las retenciones a la exportación de la producción agropecuaria y de lo recursos no renovables, como la minería, el petróleo etc.
• Prohibir el uso de agrotóxicos que afectan la salud y desalentar el avance del monocultivo (especialmente la soja) que degrada la calidad de la tierra.
c. derechos comunitarios:
Del mismo modo que las políticas neoliberales han profundizado las desigualdades sociales, han generado los mismos efectos entre los estados nacionales y sus economías, acentuados con la vigencia de un mundo unipolar, en el que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de septiembre del 2001 ha incrementado y agravado su tradicional política de avasallamiento del derecho y la seguridad internacionales, desarrollando con falsos fundamentos una política de agresión contra terceros países vulnerables.
Una situación que introduce un fuerte retroceso en la lucha por la paz y la seguridad del mundo. Frente a esta nueva y amenazante realidad, la APDH, en su carácter de organismo miembro consultivo de las Naciones Unidas se propone:
• .Luchar en todos los frentes por el derecho a la paz y la seguridad internacionales.
• Rechazar a la doctrina de la guerra preventiva, aplicada en los casos de Afganistán, Serbia e Irak (agresión bélica perpetrada unilateralmente, al margen de las Naciones Unidas) y seguida de ocupación colonial.
• Denunciar el bloqueo económico y el hostigamiento impuesto a Cuba y otros países por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
• .Promover el fortalecimiento y la democratización de las Naciones Unidas y el respeto por las resoluciones de su Asamblea General.
• Denunciar la desnaturalización de las políticas fundacionales de los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial y rechazar su injerencia y la imposición de políticas recesivas.
• .Investigar y denunciar la indebida influencia ejercida por las naciones más desarrolladas, en función de los mayores aportes financieros, para condicionar la toma de decisiones de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) en detrimento de los derechos de los restantes países.
• Denunciar y combatir el injusto orden económico internacional y el negativo papel de la OMC (Organización Mundial de Comercio), incapaz de limitar los subsidios agrícolas de las naciones desarrolladas. en perjuicio de los países en vías de desarrollo.
• .Denunciar todos los documentos, declaraciones y consensos de relevancia internacional promovidos por los factores de poder dominantes de los Estados Unidos de Norteamérica y secundados por las grandes potencias centrales, para la subordinación de los demás países, como el llamado Consenso de Washington, las leyes antiterroristas y la reciente Doctrina de la Guerra Preventiva, entre los principales.
• .Defender y promover el desarrollo de una legalidad internacional democrática, y de los correspondientes organismos de control
• Promover y defender el posicionamiento regional de América Latina, a través de la unidad e integración política, económica y cultural de sus pueblos. En tal sentido reiterar el apoyo al MERCOSUR, a la Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR), al Sistema de Defensa de América del Sur y el encuentro entre estas iniciativas integradoras con el Sistema de Integración de Centro América (SICA).
• Promover y defender el derecho a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
• .Promover y defender el derecho al desarrollo económico, el progreso social y la libre determinación de los pueblos.
• Repudiar el cínico reconocimiento de los Estados Unidos de la existencia de cárceles clandestinas en diversos países.
• Denunciar la ejecución de un muro de separación en la frontera de Estados Unidos con México, como una grave violación a los Derechos Humanos.
• Repudiar la sanción en el Congreso de Estados Unidos de leyes que permiten la tortura y los tratos degradantes a prisioneros.
• Promover la realización de un Foro de Análisis o Conferencia Internacional sobre la ilegal existencia de la OTAN (Tratado de la Organización del Atlántico Norte), peligrosa organización militar, resabio de la Guerra Fría, dirigida por Estados Unidos al margen de la Organización de las Naciones Unidas, que ha ejecutado y continúa promoviendo acciones bélicas en todo el planeta, en flagrante violación a las normas del derecho internacional.
• Rechazar la reactivación de IV Flota de Estados Unidos con funciones de patrullaje en la costa atlántica de América Latina y en sus ríos interiores.
• Desmantelamiento de las bases y asentamientos militares que el gobierno de los Estados Unidos mantiene en el territorio de América Latina y el Caribe y en especial la Fortaleza Malvinas de la OTAN, como llave de control del Atlántico Sur, instalada en el archipiélago argentino usurpado por el colonialismo británico.
Miguel Monserrat
Buenos Aires, 05-12-2008.
(1) Documento político distribuido en la Asamblea Ordinaria del Consejo de Presidencia del 5 de Diciembre de 2008. Esta reunión pasó a cuarto intermedio, y éste documento fue tratado y aprobado en general en la continuidad de la misma, llevada a cabo el 21 de agosto de 2009.
Fueron incorporadas las modificaciones formuladas, y quedó abierto a la posibilidad de nuevas propuestas.