Repudio a las prácticas implementadas por la SENAF que llevaron a la muerte de Diego en el Instituto Cerrado Luis Agote
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia enérgicamente las prácticas implementadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; que llevaron a la muerte a un adolescente de 17 años que se encontraba sometido a un régimen de aislamiento en el subsuelo del Instituto Cerrado Luis Agote ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un joven, Diego, de 17 años que se encontraba privado de libertad en el Instituto Cerrado Luis Agote dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo al producirse un incendio que afectó a la celda de aislamiento en la que se encontraba, y finalmente murió.
La semana anterior la Sala III de la Cámara Federal de Casación con los votos de los Jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci por mayoría, revocó una decisión anterior, e impidió que la Procuración Penitenciaria Nacional pudiera ingresar a los institutos de menores de nivel nacional para realizar monitoreos preventivos para evitar que se produjeran situaciones de torturas o malos tratos, tales como mantener a un interno en una celda de aislamiento
La implementación que el Estado argentino practica del sistema penal juvenil ha merecido la condena de organismos internacionales a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cantidad de situaciones en las que los niños y jóvenes padecen vejaciones e injusticias provocadas por la decisión judicial y la modalidad de implementación de las medidas de encierro. Los gobernantes no se conmueven.
La APDH manifiesta su repudio a las prácticas mortificantes instaladas en los lugares de encierro de adolescentes, en esta ocasión del sistema diseñado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Los funcionarios debieran ocuparse de salir de la ilegalidad en el ejercicio de sus cargos antes que hacer discursos que contradicen las prácticas.
La persecución penal de niñas, niños y adolescentes, la privación de libertad como medida excluyente y en condiciones indignas, no son políticas públicas con enfoque de derechos, ni de promoción de la responsabilidad social sino por el contrario hieren la subjetividad del ser humano y lo alejan del ejercicio ciudadano.
La Convención sobre los derechos del niño, las Reglas de RIAD y todo el marco normativo nacional e internacional promueve la minimización de la vulnerabilidad generada por el encierro, un modelo que vira hacia la corresponsabilidad familiar, permitiéndole al Juez que actúa en el micro problema punitivo, minimizar la intervención punitiva.
De allí la relevancia de una actuación eficaz que propicie en los jóvenes la superación de las condiciones de vulnerabilidad y promueva su protección a fin de concretar un proyecto de vida en el que se reconozca como sujeto de derechos.
Lejos están las prácticas del organismo nacional especializado, de los principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de conflictos y la participación de la víctima; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respecto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.
La situación del sistema es absolutamente crítica porque la privación de libertad es la sanción penal casi excluyente, porque las condiciones en las que se cumple el encierro resultan degradantes.
Este hecho tiene lugar en momentos que se conmemoran 10 años de la “Masacre de Quilmes” en la perdieron la vida los jóvenes Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
Reclamamos a las autoridades nacionales, a los/as magistrados/as y funcionarios/as de la justicia, a las/los legisladoras/es nacionales la implementación de prácticas ajustadas al marco constitucional, las reformas legislativas que obliguen a la ejecución de prácticas subjetivantes, garantía de prioridad en la efectividad de derechos de niñas, niños y adolescentes y mecanismos de control a los organismos del estado.
Mesa Directiva
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014
