Solidaridad con el Movimiento de Sacerdotes Villeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En defensa de los Derechos Humanos vulnerados y solidarios con quienes luchan por defenderlos, hacemos público nuestro reconocimiento y apoyo al Movimiento de Sacerdotes Villeros quienes sufrieron días pasados en la persona de uno de los miembros de la pastoral, una amenaza de muerte si no se iba de la Villa 21 del barrio de Barracas, donde como párroco de ese lugar, trabaja y vive desde hace once años. 
 
Esta amenaza toma estado público por propia denuncia del Arzobispo de Buenos aires Cardenal Jorge Bergoglio y del sacerdote amenazado José María Di Paola, con posterioridad al documento elaborado por el Movimiento de Sacerdotes y dado a conocer en los medios sobre las drogas en las villas y los fundamentos de por qué las consideran despenalizadas de hecho en dichos espacios habitacionales. Es justamente en su tarea cotidiana, trabajando y viviendo junto a las familias de villas de emergencia de Ciudad de Bs. As, acompañando a sus habitantes en las injusticias sociales y económicas que padecen y en sus luchas por vencer inequidades y precariedades, que el Movimiento de sacerdotes denuncia la progresiva transformación de dichos barrios y asentamientos precarios, donde hoy el narcotráfico está presente en la circulación, venta y consumo de drogas; particularmente residuos de cocaína con mezclas tóxicas conocida como “paco” con expansión de reglas de dominio y dependencia y consiguiente daño y violencia en la población. 
 
La lucha diaria por la vida se corresponde con una gran precariedad económica, sanitaria, habitacional, laboral y de ciudadanía. En esos espacios luchan, trabajan y viven los sacerdotes de la pastoral villera. 
 
Como integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y militantes por la defensa de los mismos, acompañamos solidariamente a los sacerdotes de la pastoral de villas de Ciudad de Buenos Aires y denunciamos la denigrante situación de inequidad social, de violencias e injusticias, así como la progresiva pérdida y destitución de derechos constitucionales y de normas aceptables de convivencia social, frente al avance del poder corrupto y mafioso del narcotráfico que exige sometimiento y dependencia a sus propias y siniestras reglas de vida. 
 
Comisión Directiva de la APDH
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.