APDH JUNTO A OPINOA PROPICIÓ LA CONCRECIÓN DEL “ENCUENTRO POR LA EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA" REALIZADO EL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE  EN EL CONGRESO NACIONAL 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) junto a Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA) organizaron el Encuentro por la Emergencia Territorial Indígena que se realizó el día jueves 10 de noviembre en el edificio anexo del Congreso de la Nación, en reclamo de la prórroga de la Ley 26.160. A esta convocatoria se sumaron numerosas instituciones académicas, sociales, de Derechos Humanos y ONGs, entre las que se destacan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, M.E.D.H., C.E.L.S., y referentes de diversos pueblos originarios.

Por la APDH Nacional hicieron uso de la palabra el presidente Eduardo Tavani, la vicepresidenta María Elena Naddeo y la secretaria de Pueblos Originarios, Claudia Gotta, quien coordinó el encuentro; mientras que en nombre de OPINOA habló, el referente del pueblo tonokoté Walter Barraza. Fueron partícipes además organismos de DDHH, Familiares y Compañerxs de Lxs 12 de La Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y APDH La Matanza.

Ante una nutrida concurrencia, estuvieron presentes también las referentes de DDHH Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Vera Jarach, por la Fundación Memoria Histórica y Social. Por su parte, OPINOA participó en representación de aproximadamente 200 comunidades en territorios, identidades corresponden a 40 naciones originarias preexistentes a la conformación del Estado Nación argentino.

El proyecto de prórroga de la Ley 26.160 comienza afirmando que "como ustedes saben, el Congreso de la Nación tiene una importante deuda con los pueblos indígenas: la urgente prórroga de la Ley 26160 que declaró, en el año 2006, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas. Esta normativa obliga al Estado a efectuar un relevamiento participativo de todas las tierras y dispone la suspensión de todos los desalojos en curso. Hace quince años, se preveía que el relevamiento duraría tres años, pero esto aún está pendiente, así como la entrega a cada comunidad una «carpeta técnica» acreditando su derecho a la titularidad de las tierras".

En el mismo sentido, el texto expresa también que "la lamentable demora en ese proceso demandó tres prórrogas y hoy la vigencia de esta ley ha sido extendida mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional" y que "para comprender el alcance del problema hay un dato que es categórico, que el relevamiento después de 16 años aún no ha podido llegar ni siquiera al 50% de las comunidades de los pueblos indígenas involucrados; lo cual nos llena de zozobra ya que se trata de en un tema tan delicado como la posesión de los Territorios Comunitarios  Ancestrales -que son nuestro sustento-, y el reconocimiento de la ocupación tradicional, actual y pública de los mismos". 

Siguiendo esa línea, los organismos remarcan que "lo más grave es que, pese a que la ley lo prohíbe, en estos años decenas de comunidades han sido desalojadas, muchas veces con niveles de violencia extrema que ha incluido represión, heridos graves y lamentablemente asesinatos”.

En este punto creemos oportuno recordarles que la 26160 fue sancionada en el año 2006 y prorrogada en el 2009, 2013, 2017 y 2021. Es decir que distintos gobiernos, de distinto signo político han entendido que este es un tema que necesita soluciones de fondo y de manera urgente, pero aún estamos a la espera que sean los diputados quienes la garanticen ya que senadores nacionales han votado la prórroga el año pasado".

Por último, destacaron que "nuestros pueblos y comunidades no pueden ser despojados de lo que por derecho les pertenece, derechos que han sido reconocidos por instituciones nacionales e internacionales y que incluso subrayan que somos los guardianes de los bienes naturales de alrededor de 7 millones de hectáreas de nuestro país", y que "por todo lo anterior les solicitamos que este 2022 sea el año donde se pueda reparar en parte una deuda histórica de la República con los pueblos indígenas extendiendo la vigencia de la Ley 26160 y velando por su cumplimiento, una responsabilidad indelegable del Congreso como lo marca la Constitución Nacional en el artículo 75 incisos 17 y 22  y como tal debe cumplirse".

Acompañaron la realización de este encuentro, entre otros organismos:

▪︎ Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

▪︎ Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora

▪︎Abuelas de Plaza de Mayo

▪︎H.I.J.O.S. Capital

▪︎Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas 

▪︎Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz

▪︎Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona Norte 

▪︎Fundación Memoria Histórica Social Argentina

▪︎Liga Argentina por los Derechos Humanos 

▪︎Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS

▪︎Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza 

▪︎Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

▪︎Asociación Buena Memoria