APDH Esquel repudia los dichos y actitudes del Legislador Provincial Roddy Ingram
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Esquel repudia los dichos y actitudes del Legislador Provincial Roddy Ingram que han sido denunciados por lxs vecinxs de Rawson ante el Ministerio Público Fiscal y que se constituyen -tanto por su contenido como por el cargo y función de la persona que los emite- en graves hechos de violencia institucional.
La democracia no admite ni puede admitir, bajo ningún punto de vista, que los funcionarios públicos amedrenten a la sociedad. El legislador acusa a lxs denunciantes de hechos violentos que no cometieron pero, además, lxs denunciantes solicitan que se realice una profunda investigación ya que afirman haber recibido un mensaje anónimo que dice “Ya tenemos identificados a algunos de los manifestantes frente a la casa de Roddy. Tienen 2 o 3 perfectamente identificados. Están esperando porque el fiscal pidió que se los identifique a todos o la mayor cantidad. Después los mismos grupos de choque cercanos al gobierno los van a buscar uno por uno a la casa. Y los vamos a apurar para toda la vida, no van a joder más a nadie”.
La integridad individual de cada asambleísta, la de sus familias y de la población en general está en riesgo si el Gobierno admite impunemente la ejecución de actos de esta naturaleza en forma verbal y mucho más aún en el caso de que se concretaran.
Exhortamos al Gobierno Provincial de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre y al Gobierno Nacional a deponer las decisiones autoritarias vinculadas con la instalación de la megaminería en la provincia del Chubut toda vez que es justamente esa decisión el origen de lo que se denuncia. Ha quedado ampliamente demostrado el rechazo social a esa actividad y los hechos derivados de la insistencia gubernamental están a la vista y corporizados en las amenazas realizadas.
Exigimos al Poder Legislativo Provincial que asuma actitudes responsables en cuanto a las decisiones tomadas y a tomar en el tema megaminero y en relación con las conductas de los miembros de ese cuerpo.
Solicitamos al Poder Judicial de la Provincia del Chubut la máxima celeridad en el tratamiento de la denuncia, en su investigación y en el inicio de las actuaciones judiciales que correspondan.
Es obligación de los tres poderes del Estado velar por la plena vigencia de las Garantías Constitucionales y el Estado de Derecho. Hacemos responsables al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional por cualquier hecho que pudiera ocurrirle a los denunciantes y/o a cualquier miembrx de las asambleas populares.
