La APDH Regional Río Cuarto repudia el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Ernesto de Aragón de la imputación a seis dirigentes sindicales y sociales de la Provincia de Córdoba

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Río Cuarto repudia el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Ernesto de Aragón de la imputación a seis dirigentes sindicales y sociales de la Provincia de Córdoba acusados por "delitos por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción del transporte o servicios públicos en concurso material". 

Entre las pruebas que utilizó el funcionario judicial para acusar a los dirigentes sindicales y sociales se encuentran una serie de tareas básicas de espionaje, prohibidas por la Ley de Seguridad Interior. Una de ellas es un informe confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones. Allí se da cuenta de un relevamiento “de los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) analizando "los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, y el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”. También fueron secuestrados y peritados los teléfonos celulares de los dirigentes, sin participación de peritos de parte.

En el mismo sentido, repudiamos y nos solidarizamos con los Defensores Ambientales, quienes participan en la defensa de Punilla ante la construcción de la Autovía. Su situación es similar a la de los dirigientes sindicales y sociales judicializadas. Desde el 25 de enero del corriente año al presente, han tomado estado público las elevaciones a juicio de 6 de los 18 Defensores Ambientales imputados por acciones de protesta en torno a la construcción de la Autovía de Punilla.

En este contexto social, reprimir a lxs trabajadores y los sectores populares y criminalizar la protesta social mediante la Policía y el Poder Judicial con tareas ilegales inclusive; no sólo es un botón de muestra de la actualidad y la vigencia que tiene nuestra consigna del "Nunca Más" sino también de la necesaria defensa y profundización de la Democracia.

Como en las peores horas de nuestra Patria, la única versión de los hechos para someter 
judicialmente a los dirigentes sociales, políticos y sindicales, fue la de la Policía. La APDH denuncia además, que estas prácticas ilegales de espionaje a organizaciones y dirigentes populares admitida por el propio fiscal Ernesto de Aragón, cuenta con las directivas de la propia jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate 
Belletti, tal lo señalado por ella a distintos medios, donde detalló que la fuerza realiza tareas de 
inteligencia cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados 
y personal de civil, como ocurrió en épocas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. 

Como organismo que defiende los Derechos Humanos, la APDH exige al Ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López; como así también al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, que se ordene inmediatamente, el cese de estas actividades ilegales, so pena de ser denunciados penalmente ante Organismos Nacionales e Internacionales.

Además, la APDH se solidariza con los dirigentes imputados, como así también 
con todos los ciudadanos alcanzados en esta operación político-judicial expuesta, que busca 
reprimir, criminalizar y sancionar penalmente, a quienes se manifiesten para reclamar por sus 
derechos sociales y constitucionales.

A 40 años de Democracia, ¡Nunca Más!
No a la criminalización de la protesta social.