APDH REPUDIA LA REPRESIÒN EN TILCARA

APDH Nacional

En la mañana del martes 22 de abril de 2025, las Organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy expresaron su enérgico repudio al violento operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en la localidad de Tilcara, donde se reprimió a integrantes de la comunidad Cueva del Inca y a personas que se encontraban acompañando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en defensa del territorio ancestral frente al avance de negociados inmobiliarios.

El accionar represivo, caracterizado por una violencia institucional injustificada y múltiples detenciones arbitrarias, constituye una grave violación a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, particularmente los artículos 14 y 14 bis, que garantizan el derecho a peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el respeto a la dignidad humana.

Asimismo, este tipo de acciones contravienen compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales prohíben la detención arbitraria, protegen el derecho a la protesta social y resguardan los derechos de los pueblos originarios.

Recordamos también que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios y a ser consultados de manera previa, libre e informada.

Hacemos responsable al gobierno provincial por este accionar violento e incompatible con un Estado de Derecho. Exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el cese de la criminalización de la protesta social, y el respeto pleno a los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias.

La defensa de los derechos humanos no puede ser una consigna vacía ni una declaración protocolar: debe traducirse en políticas públicas concretas que respeten la diversidad, el territorio, la dignidad y la libre expresión de los pueblos.