Comunicado por la situación educativa en Chubut
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Esquel hace pública su profunda preocupación por el abordaje que han evidenciado distintos sectores políticos y sociales sobre la situación de la Educación en la Provincia del Chubut.
A la invisibilización de la tragedia educativa en la que el gobierno provincial ha sumergido a nuestro sistema con la complicidad de todo el arco político representado en la Legislatura, hoy se suma la manipulación y el oportunismo de algunos actores. APDH se ha manifestado en reiteradas oportunidades sobre el particular pero desde la Regional Esquel consideramos indispensable clarificar la situación.
Los períodos 2017, 2018, 2019 han estado signados por un serio conflicto laboral configurado por el congelamiento salarial, la degradación de la infraestructura escolar y que luego se agravó con el pago escalonado de los salarios de lxs trabajadorxs estatales. Esta realidad, ocultada y negada a nivel jurisdiccional, fue y sigue siendo invisibilizada a nivel nacional. Como es de suponer, y por efecto de la pandemia, tal situación solo se agravó en 2020.
La totalidad de los edificios escolares tiene problemas de estructura y/o mantenimiento (techos, baños, suministro de gas, aulas inhabilitadas, etc.) que ponen en riesgo la integridad física de estudiantes y docentes. Los problemas derivados de ello han sido de los primeros reclamos del sector docente.
Por otro lado, y de manera totalmente ilegal, el gobierno de Chubut dispuso el pago por rangos a todxs lxs trabajadores estatales y ni siquiera ha cumplido con ese pago diferido. A la fecha de este pronunciamiento (14/01/21), se adeudan los salarios de los meses de noviembre y diciembre, dos tercios de la primera cuota de SAC (junio) y la totalidad de la segunda cuota (diciembre).
El DERECHO a la Educación consagrado en la Constitución Nacional y recogido por la Ley Nacional de Educación 26.206 está siendo vulnerado en Chubut desde hace más de 3 años. El Gobernador Mariano Arcioni es responsable directo de la situación. El Gobierno Nacional es también responsable por no exigir y/o garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de ese Derecho en la provincia (art. 1 y 2 de la citada Ley).
El arco político en su TOTALIDAD se ha desentendido de esta situación durante todo ese tiempo y ha avalado con su silencio e inacción esta falta grave de la democracia. Hoy, en el contexto de pandemia y a pesar del enorme esfuerzo que muchxs docentes han hecho de sostener el contacto con sus alumnxs pese a la falta de conectividad, la falta de pago de salarios y la angustia generalizada, y mientras el oficialismo provincial esconde su cabeza bajo tierra y solo la levanta para hablar de megaminería, los diputados de la oposición cayeron en la cuenta de que en el año 2018 hubo solo 103 días de clases; en el 2019 cincuenta días y en el 2020 cinco (sin aclarar en este último dato que se refieren a clases presenciales).
El 4 de septiembre de 2020 presentaron un Proyecto de Ley de Emergencia Educativa que naturaliza el conflicto salarial y asume, con clara intencionalidad política, que la Educación es una actividad esencial sin definir qué entiende por tal, restando el carácter de DERECHO que la Ley vigente le otorga a la Educación y con propuestas sin financiación. Ese oportunismo político descalifica y niega la lucha de lxs trabajadores de la Educación, por una educación PÚBLICA PARA TODOS Y TODAS.
Es perentorio que quienes sostienen la educación pública lo realicen con SALARIOS DIGNOS, CON ESCUELAS EN CONDICIONES, CON PROTOCOLOS PARA CUIDAR Y CUIDARSE. Si algo evidencio la pandemia, es la necesidad del vínculo entre lxs educandos y lxs educadores, ello solo se logra a partir de la inversión en la construcción de espacios educativos, no en la “reestructuración interna” de lxs trabajadores de la educación. El proyecto de "emergencia educativa" no logra esconder su perfil ideológico, su desdén hacia un Estado, que este garantice el DERECHO EDUCAR Y APRENDER.
La genuina preocupación de lxs padres y familias por la trágica trayectoria educativa en la que Chubut ha sumergido a sus niñxs y jóvenes sigue sin respuesta. Nos preocupa que el vil manejo político del estado de situación intente convertir en victimarixs a lxs docentes ante el silencio cómplice, además, de los sindicatos.
Mientras la clase política chubutense sigue preocupada por sus cargos y espacios de poder, los derechos de la población en edad escolar están siendo vulnerados desde hace años en Chubut ante la mirada impávida del pueblo argentino y la negligencia y desidia de la clase política.
APDH Regional Esquel hace nuevamente un llamado urgente al Gobierno Nacional para resolver los destratos e ilegalidades cometidos por el Gobierno chubutense.
APDH Regional Esquel
