Inteligencia ilegal
Nuevas y viejas son las prácticas de inteligencia legal e ilegal y de criminalización de activistas, referentes y organizaciones que se registran en la historia de la Argentina. Recientemente se dieron a conocer los documentos confeccionados por la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el seguimiento a los presos políticos y las denuncias que sobre ellos iban a presentar los organismos de derechos humanos cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iba a llegar al país en septiembre de 1979.
O la actual derogación del decreto firmado por Mauricio Macri en 2017 y la acusación sobre la gestión de Cambiemos por haber montado “un sistema de espionaje ilegal” en la Dirección Nacional de Migraciones.
No hace falta trasladarse en el tiempo y lugar. La cordillera chubutense tiene su caso en el que los aparatos de seguridad e inteligencia movieron sus piezas cuando 30 vecinos y vecinas fueron vigilados. Por estos hechos fueron procesados los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola, y los policías Claudio Rodríguez y Adrián Muñoz; y un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Si bien la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobreseyó a todos y sólo quedó procesado el espía, la Cámara de Casación de Capital Federal revocó el sobreseimiento de los fiscales y policías. No obstante, en el 2019 el Juez Federal Guido Otranto, dictó nuevamente el sobreseimiento. La medida fue apelada por los abogados Osvaldo González Salinas y Gustavo Macayo, quienes representan a las víctimas. Aún se aguarda una resolución al respecto.
El espionaje se produjo en el marco del conflicto por la recuperación territorial mapuche del Pu Lof en Resistencia Cushamen y tiene algo en común: todas las víctimas son militantes del movimiento social en contra de los emprendimientos mineros.
El viernes 5 de marzo último debía llevarse a cabo una audiencia de manera virtual programada en el Juzgado Federal de Esquel en la causa del espionaje ocurrido en el 2015. Iba a declarar como testigo uno de los espías que el Juzgado ha tratado de localizar desde que se inició la investigación judicial. Sin embargo, la audiencia fracasó porque el agente encubierto no se conectó.
La gravedad de los hechos ocurridos hace seis años atrás pone en evidencia una vez más cómo se debilitan los controles democráticos y se violan principios fundamentales. El espionaje ilegal a vecinos y vecinas participantes de un movimiento social está expresamente prohibido por la ley de inteligencia. Tras aquella vulneración de derechos, continúa hoy el trajinar jurídico sin lograr justicia ante semejante delito. Esos atropellos son la antesala de la criminalización de la protesta social que se observa en la provincia y quizás por ello no deja de ser llamativo que todavía la justicia no se haya expida frente a la apelación. Contrariamente a lo que sucede en las causas contra trabajadoras y trabajadores que pugnan por defender sus derechos laborales.
El accionar de agentes de inteligencia en el que se vieron involucrados efectivos policiales e integrantes del poder judicial en Chubut, se produjo en el 2015, año en el que se sucedió la muerte del fiscal Alberto Nisman y que derivó en la salida de Antonio Stiuso de la Secretaría de Inteligencia, provocando la reforma de la Ley Nacional de Inteligencia. Pero la vulnerabilidad a la que seguimos expuesto pareciera estar intacta, máxime cuando la justicia dilata el propio proceso judicial que intenta dirimir responsabilidades ante las violaciones ocurridas.
En un Estado democrático, este tipo de persecución y acciones de inteligencia, no pueden persistir especialmente cuando las propias vías judiciales se presentan como ineficaces para obtener responsabilidades y lograr así algún tipo de control sobre actividades de inteligencia no permitidas.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Esquel entendemos que las políticas de memoria, verdad y justicia fueron pilares en la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales para lograr la apertura de algunos archivos estatales y desentrañar la lógica de persecución a través de procesos de inteligencia. Por este motivo, exigimos que en un estado de derecho y democrático no sólo deben abandonarse estas prácticas, sino que además se garantice por medio de la justicia el resarcimiento efectivo e inmediato cuando nuestros derechos fueron vulnerados.
