Por una sociedad sin violencia institucional
Ante el homicidio de Lucas González
Por una sociedad sin violencia institucional
Una vez más quienes habitamos y amamos nuestro país nos vemos conmovidos por el homicidio de un adolescente a manos de agentes policiales, en este caso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No es ciertamente el primero, y quisiéramos que sea el último. Pero las circunstancias de este caso nos confrontan con la peor de las causales: el prejuicio, el abuso, la incapacidad que provocan el asesinato de un inocente.
Policías sin uniforme, identificación ni placa, pero con armas letales disparan a mansalva y matan a un joven, cuyo único delito era su origen humilde y su deseo de jugar a la pelota. Y por si fuera poco, el intento, una vez más, de acusar a las víctimas, “plantando” un arma para tratar de justificar lo injustificable.
Pero no son esos policías los únicos responsables. Un poder judicial que horas después seguía manteniendo en cautiverio a las víctimas y sueltos al homicida y sus cómplices.
También tienen parte aquellos políticos que hace unos días reclamaban “meta bala”, que avalaron el gatillo fácil, que nos quieren hacer creer que la inseguridad se combate con más muertes.
Y una sarta de mal llamados periodistas que alientan e insuflan odio, que convocan a la violencia diciendo que piden la paz, que buscan crear en la población un clima de venganza, y que hablan de inseguridad frente a un hecho delictivo, pero que no reconocen la inseguridad que brota de un accionar irresponsable de las fuerzas de seguridad, o cuando esa inseguridad nace del miedo a la represión indiscriminada. O la inseguridad que produce la pobreza, privando de futuro a los más humildes.
El estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ha albergado, instruido y dado las armas a estos homicidas debería ser el primero en reaccionar y aplicar todo el rigor de la ley. Y quienes tienen la conducción política del mismo deben asumir la parte que les toca en este horrendo e injustificable asesinato, cometido por agentes bajo su mando.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos defiende la vida, el derecho a vivir con dignidad para todos y todas, todes, sea cual sea su condición social, origen étnico, su lugar en la sociedad, su edad, género o condición laboral. Por eso nace en nosotros la más absoluta indignación y pedido de justicia, cuando quienes debieran proteger y garantizar esos derechos son los que los violan, cercenando vidas y enlutando a la población. Más aún cuando ello diezma a quienes ya han sido privados de otros derechos por un sistema injusto y desigual.
