ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organismo defensor de los derechos humanos, deplora y rechaza categóricamente el decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo pretende reescribir la Ley de Acceso a la Información Pública, insertando limitaciones e interpretaciones restrictivas y discrecionales ajenas a la ley, que le están vedadas por la Constitución Nacional.
Este decreto reglamentario, faculta al ejecutivo para determinar discrecionalmente qué información es pública y cuál privada, qué información es relevante y cuál no lo es, transgrediendo la letra y el espíritu de la ley, que tuvo en su mira adoptar el criterio más amplio de acceso a la información, presupuesto básico de una democracia plena.
Con este decreto el gobierno se arroga el derecho de propiedad sobre la información pública, poniendo barreras que dificultarán el acceso a periodistas, investigadores y a la ciudadanía en general, legítima, verdadera y única propietaria de la información pública.
El decreto, además, busca intimidar a potenciales solicitantes, introduciendo la posibilidad de sanción, amenazando con la figura del abuso de derecho.
Solo el Congreso Nacional tiene la potestad de legislar respecto de un derecho humano fundamental como es el de acceso a la información, que además forma parte de las obligaciones a las que el país se comprometió como signatario de los Tratados Internacionales de Derecho Humanos vigentes.
El gobierno de LLA vuelve una y otra vez a declamar su falsa concepción de la libertad, mientras restringe el derecho de los ciudadanos a reclamar, solicitar y obtener información.
Este avance ilegítimo sobre un derecho básico le proporciona al gobierno de turno la potestad de ocultar actos y omisiones cuya difusión se considere inconveniente, vergonzante o riesgosa. La gravedad de lo que se pone en juego exige el involucramiento y la movilización de la sociedad y sus instituciones democráticas, tanto como de los poderes legislativo y judicial, para que vuelvan las cosas a su justo lugar.
El decreto 780/24 debe quedar sin efecto puesto que los Derechos no pueden retroceder y es el Estado quien los debe garantizar.
