APDH en solidaridad con abogados representantes de la Secretaría de DDHH de Nación y Provincia de Bs. As. en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad

Desde APDH Argentina acompañamos y nos solidarizamos con abogados representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Dra. Yanina Michelena Tº 607 – Fº 289 – CFALP y Ciro Annicchiarico, Tº 24 – Fº 509 – CSJN), ante el accionar y el comportamiento del abogado GUILLERMO FANEGO, defensor particular del procesado por delitos de lesa humanidad Omar Edgardo Di Nápoli en el juicio que se ventila en estos momentos ante el TOF 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, durante sus intervenciones, reiteradamente y fuera del estricto abordaje de su función técnica en asistencia de su defendido.

En este sentido, Fanego viene incurriendo en ofensas, descalificaciones e imputaciones injuriantes contra todas las partes acusadoras, inclusive contra el representante del Ministerio Público Fiscal, que constituyen –más allá de los incomprensibles agravios personales un verdadero público negacionismo del plan sistemático de terrorismo de estado que asoló a nuestro pueblo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, hecho que ha sido motivo de reconocimiento por nuestros más Altos Tribunales.

En el marco del proceso judicial antes referido, el abogado FANEGO viene reiteradamente llevando a cabo graves excesos verbales, injurias y faltas de respeto, no solo hacia las partes querellantes, llamándonos “comisarios políticos”, “representantes ilegales”, “militantes que trabajamos para escalar posiciones”, que “siente vergüenza de llamarse colega nuestro”, que se siente afectado “porque con sus impuestos se paguen nuestros haberes”, entre otros despropósitos totalmente ajenos a su labor técnica jurídica específica en asistencia de su defendido. Sino también, lo cual es mucho más grave, hacia las víctimas, a las que se refiere recurrentemente como “mentirosas”, “terroristas”, “mercenarias”, en una arenga típica pro dictadura, y claramente negacionista del terrorismo de estado que sufrió la inmensa mayoría de nuestro pueblo durante uno de los períodos más oscuros de nuestra historia.

Ello, a la vez, implica una incuestionable revictimización para las víctimas, que lo fueron de hechos atroces y aberrantes, que participan de las audiencias por vía remota, o conocen después de semejantes exabruptos y manifestaciones.

No podemos dejar de mencionar el ataque a nuestro compañero Pablo Salinas en los juicios de Mendoza, donde un genocida  le emitió  un fuerte improperio en el marco de una audiencia virtual. Cualquiera de los presentes a una audiencia es seriamente sancionado o expulsado ante el mínimo comentario, pero no se toman medidas frente a los insultos de los genocidas.

Denunciamos estos hechos bochornosos a fin de que sean de conocimiento público, se expidan al respecto quienes consideren inaceptable lo expuesto, y en particular quienes preservan un sentimiento de respeto por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, y la democracia como deberes indiscutidos del Estado Argentino, que comprende a los tres poderes y al pueblo de la Nación. Agraviar a quienes en ejercicio de nuestra profesión de abogados cumplimos con un deber constitucional, no es ejercicio de la defensa, es buscar entorpecer la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Negar el pasado terrorismo de estado no es una opinión, es negar el derecho vigente y buscar abrir las puertas a su repetición.

Memoria, Verdad y Justicia