ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO DE “LEY ÓMNIBUS BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS” Y DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 70/23.

En diciembre de 1975, en la Argentina, en un contexto social y político de crecientes amenazas a la vida, la dignidad y libertad que afectaba a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, un grupo de hombres y mujeres provenientes de distintos espacios, prácticas y pertenencias  políticas, sociales y religiosas, constituyeron  “La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)”, cuando ya por entonces, la violencia de grupos paraestatales, comenzaba su obra criminal, persiguiendo, secuestrando y asesinando a decenas de dirigentes y militantes populares. Ello desembocaría en el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, instaurando la dictadura cívico militar más sangrienta de nuestra historia, que produjo la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, decenas de miles de presos políticos, exiliados y más de 500 niñas y niños apropiados, implementando un plan político económico de arrasamiento y saqueo, que devastó al país, como nunca antes.  

La APDH, coherente con su predica y compromiso inquebrantable en la defensa de derechos humanos, honrando la memoria y la lucha de quienes hace 48 años la concibieron y nutrieron, consciente de la gravedad de la hora y del riesgo al que se expone la Democracia y sus instituciones, si el gobierno asumido el 10 de diciembre de 2024 avanza en su objetivo de imponer su modelo de exclusión y entrega,  poniendo en grave peligro el pacto de convivencia que la sociedad argentina abrazó hace 40 años, llama en esta hora crucial a redoblar  todos los esfuerzos en la defensa y profundización del Estado de Derecho y los derechos y garantías supremos consagrados en la Constitución Nacional y en los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, contra todo intento de retrotraernos a un pasado de devastación, horror y desolación.    

Las políticas públicas que se pretendan implementar en el marco del sistema democrático, deben ser resultado del normal funcionamiento de sus instituciones, del diálogo y el consenso, no el fruto de una imposición y menos aún de la negación de los mecanismos que sustentan al sistema.

En un claro intento de avanzar por sobre esas instituciones de la República, el Poder Ejecutivo Nacional, despreciando la división de poderes, dictó primero el Decreto de

Necesidad y Urgencia 70/2023 a todas luces ilegal, tras lo cual envió un proyecto de Ley “Ómnibus” que pretende una reformulación integral del Estado, declara la emergencia pública, y cambia las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales establecidas y las reglas de protección comunitaria que se estimaban consolidadas en el tiempo. Mediante ambos instrumentos, persigue gobernar al margen de la Constitución  arrogándose facultades extraordinarias, expresamente prohibidas.

Las violaciones a derechos y garantías fundamentales que provocaría la validación de ambos, han sido señaladas en infinidad de pronunciamientos críticos, muchos de los cuales acompañamos oportunamente.  

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU pone el énfasis en los derechos individuales, tales derechos, aún los personalísimos, no pueden concebirse si no es en el seno de una sociedad plural. La propuesta del extremo individualismo es, desde el punto de vista de los derechos humanos en su conjunto, una política deshumanizadora. Solo una política social progresiva y la justicia social, pueden asegurar el bien común.

Convalidar el DNU 70/2023 del 20/12/23 y el Proyecto de Ley denominado “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, como la Resolución 943/2023 del 14/12/2023, nos encaminará a la consolidación de un Estado autoritario, de consecuencias imprevisibles. 

Dos señalamientos bastan para sostener esta afirmación. El DNU, que no reconoce antecedentes similares y cuya ilegalidad es manifiesta no debería pasar el imprescindible filtro legiferante, al pretender  derogar y/o modificar cientos de leyes, algunas en materias que le están prohibido, como son la penal y procesal penal, la tributaria e impositiva y en el régimen electoral. A tamaña temeridad, se le suma el mensaje del Ejecutivo (Nº 7/2023 relativo al Proyecto de “Ley Ómnibus”), enviado a fines de diciembre al Parlamento, demandando facultades legislativas, hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de hacerla extensiva al 31 de diciembre de 2027. 

No dudamos de que un escenario de estas características, en el que se convalide el intento del Ejecutivo de avasallar la división de poderes, concediéndosele facultades extraordinarias, que le están absolutamente vedadas, configuraría un golpe institucional inaceptable para la inmensa mayoría de la sociedad argentina. En tal sentido la APDH alerta sobre el retroceso que ello provocaría y las graves implicancias  para el sistema de convivencia democrático.

Estamos convencidos de que el plan en ejecución pretende llevarnos a un pasado de sumisión y entrega ominosa, mediante la entrega de los recursos, los bienes y la riqueza nacional, resultado del esfuerzo común de todxs los argentinxs, el cercenamiento de derechos históricamente consagrados, en exclusivo beneficio de los grupos económicos concentrados, que cederán nuestra soberanía a cambio de sus privilegios de clase, a manos de potencias extranjeras, estragando nuestro suelo y dejando a su paso miseria y desolación. 

Como no estamos dispuestos a tolerar tamaña felonía, e imaginamos que los hombres y mujeres de bien que tienen hoy responsabilidades políticas en tanto ejercen el mandato que la ciudadanía les confirió, no admitirán un nuevo latrocinio, los exhortamos a denunciar, por todos los medios que dispongan, a sus responsables, conforme la manda del artículo 29 de la Constitución vigente, que juraron respetar y hacer respetar y el artículo 227 del Código Penal de la Nación.

Con la esperanza de ser escuchadxs, les acercamos -en lo que sigue- un análisis crítico elaborado por integrantes de nuestro Organismo, de los dos proyectos del PEN en debate, en donde se pone de manifiesto el programa político económico y social que la alianza en el gobierno quiere imponernos, comprometiendo gravemente el presente y futuro de la Argentina como Nación soberana.

 Buenos Aires, 15 de enero de 2024

 p/ La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

 

Soledad Astudillo                    Guillermo Torremare                       Eduardo Tavani