Ante la absolución de los jueces de Mar del Plata señalamos la imperiosa necesidad de un cambio profundo en el Poder Judicial
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudia la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, reunido en la ciudad de La Plata que absolvió a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, del Tribunal Criminal Nro. 1 de Mar del Plata, qua habían sobreseído a los imputados por la muerte de Lucia Pérez ocurrida en el 2016, en la ciudad de Mar del Plata
El Jurado de Enjuiciamiento, inexplicablemente desconoció la existencia de “mal desempeño en sus funciones” por parte de los jueces denunciados, que emitieron una sentencia cuestionada por toda la comunidad marplatense, carente de perspectiva de género, que además trasunta un profundo desconocimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de todo el plexo normativo de protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. La defensa de los jueces acusados se basó en que una mala sentencia puede ser apelada, por lo cual no correspondería considerarse mal desempeño, su emisión, en tanto existen mecanismos de apelación para que finalmente se logre hacer justicia. La corporación, adoptó dicho criterio como válido, en defensa de los magistrados.
Tanto desde la Regional Mar del Plata de la APDH, que acompaña a la familia de Lucia Perez desde un inicio, como el resto de las Regionales de todo el país, repudian ese decisorio y reclaman una profunda reforma del Poder Judicial que contemple, entre otros aspectos, el apego irrestricto de las y los magistrados a la legislación y la jurisprudencia vigentes en materia de derechos humanos, tanto en el plano nacional como internacional, los Tratados Internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención de Belem do Pará y demás normas derivadas.
Señalamos también que nos decepciona profundamente el voto absolutorio de juradxs designados por el Parlamento provincial, quienes apoyaron por unanimidad esta resolución. La división de poderes y la reforma judicial exigen valentía política y no connivencia con las corporaciones.
Somos absolutamente solidarixs con la familia de Lucia Pérez, con Marta Montero y Guillermo Pérez, quienes han sostenido esta lucha a lo largo de todos estos años.
Por último queremos destacar que a pesar del lamentable resultado alcanzado y el repudio que ha provocado la resolución absolutoria recaída en este caso, no puede ignorarse que la sentencia debió reconocer la necesidad de incorporar con mayor precisión la formación en la materia, y que se ha podido sentar un precedente importante que expone a la luz pública la misoginia y el carácter patriarcal que aun prevalece en quienes deben impartir justicia.
