Apoyo a la lucha docente y repudio al autoritarismo del gobierno de Morales en Jujuy

AUTORITARISMO Y VIOLACIONES A DERECHOS CONSTITUCIONALES

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Nacional y APDH Regional Jujuy apoyan la lucha de lxs trabajadores docentes provinciales, quienes llevan más de 5 días de medidas de fuerza, con el acompañamiento de otros gremios.

Con marchas y asambleas que se realizan a lo largo y ancho del territorio provincial -coincidiendo en el tiempo con un proceso de reforma de la Constitución Provincial que busca asegurar la suma del poder público al Ejecutivo-, lxs trabajadores docentes se hacen escuchar y no se amedrentan ante las innumerables amenazas de represalias provenientes del Ejecutivo provincial.

El gobierno de Jujuy sigue ajustando el lazo en la garganta de lxs trabajadores: el día de la multitudinaria marcha de antorchas (9 de junio) publicó el decreto (8464-G-2023 que modifica el art. 113 de la Ley Contravencional) para castigar a quienes permanezcan en espacios públicos obstaculizando la libre circulación con multas de hasta 1000 unidades, y, si hubiese reincidencia, la inhabilitación para cargos públicos si fueren funcionarios públicos y cesantía laboral en caso de que se trate de trabajadores del Estado.

Transcurrido un mes de las recientes elecciones, que le dieron la victoria al oficialista Frente Cambia Jujuy, la documentación correspondiente al escrutinio definitivo, aún no se hace pública.

Una serie de derechos consagrados en la Constitución Nacional vienen siendo violados por el propio Estado provincial a través de distintas medidas:

Se cercena el derecho de las personas a circular libremente por las rutas provinciales a partir de órdenes emanadas del Ejecutivo a las fuerzas policiales. Son públicas las imágenes de docentes en distintos puntos de la provincia a quienes se les impidió continuar su viaje en el transporte público, deteniendo a los colectivos que lxs transportaban. Además hay imágenes de personas a quienes se les impidió salir de su localidad, por estar participando de una marcha en apoyo a lxs docentes, ejemplo de estas situaciones se vivieron en Monterrico y Perico, lugares donde la policía lxs hizo bajar de los vehículos. Otro tanto sucedió en La Quiaca y Calilegua.

Asimismo, es pública la orden de prohibir al personal policial compartir en sus redes sociales apoyos a la lucha docente a riesgo de ser sumariadxs. Además, el gremio de docentes de nivel secundario y terciario CEDEMS ha denunciado la amenaza del gobierno de Morales de la imposición de una multa por 400 millones de pesos por las protestas en la vía pública, sin olvidarnos de los descuentos de los días de huelga que viene aplicando este gobierno provincial.

Desde los comienzos del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy venimos denunciando la persecución a organizaciones sociales, que tiene como mayor ejemplo la prisión a Milagro Sala, líder de la organización social Tupac Amaru, en enero de 2016. A partir de allí se buscó -a través de la aplicación de medidas contravencionales aprobadas por el gobierno de Eduardo Fellner y repudiadas por los organismos de DDHH en Jujuy- limitar el derecho de las personas a manifestarse y protestar en el espacio público. Existen innumerables ejemplos de militantes perseguidos con multas y encarcelamiento.

Un reciente video muestra al gobernador Morales golpeando una mesa como metáfora de lo que está haciendo con el pueblo jujeño.

Una reforma a medida del autoritarismo.

APDH participó junto a otros organismos de DDHH de una audiencia dentro del marco de la reforma constitucional, a la que fue invitada el lunes 5 de junio por convencionales de una de las fuerzas políticas opositoras. Allí expresó su desacuerdo por la modificación de los artículos en relación a las propuestas del Poder Ejecutivo provincial que implican violaciones a los derechos consagrados en las actuales Constitución Provincial y Nacional. Resulta claro que el gobierno de Morales, con la anuencia de la conducción del PJ local, busca plasmar en esta reforma constitucional la suma del poder público.

Algunos aspectos del proyecto que denunciamos y repudiamos:

* Designación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia y tribunales inferiores.

* Eliminación de elecciones provinciales de medio término (votaciones cada 4 años).

* Establecimiento de un sistema que asegura la mitad más uno de lxs legisladores a las fórmulas de gobernador e intendentes que resulten ganadoras.

* Incremento potencial de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo que redunda en una mayor concentración de poder.

* Eliminación del Tribunal de Cuentas de la Provincia (organismo de contralor)

* Potencial cooptación del Consejo de la Magistratura en función del sistema implementado para la composición del mismo.

* Fuertes restricciones al derecho a la protesta y manifestación en los espacios públicos, usando como fundamento para ello el eufemismo “orden y paz social”, lo que da lugar a la represión de las manifestaciones populares.

*Se les niega a las comunidades originarias el reconocimiento de la personería jurídica que otorga el Estado Nacional.

*Otorgamiento de facultades extraordinarias al ejecutivo para disponer el desalojo de tierras, sin contemplar derechos de los pueblos indígenas y campesinado, explícitamente incorporados en la última reforma constitucional de Argentina.

*Las tierras fiscales serán destinadas exclusivamente para producción, el Estado provincial no garantizará tierras para vivienda, escuelas, reservas naturales, etc.