Reclamamos Justicia y exigimos la libertad de Paola Pabón
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la República Argentina en conocimiento de la arbitraria detención de la Prefecta de la Provincia Pichincha, Paola Pabón, el pasado 14 de octubre de 2019, nos solidarizamos con su situación y denunciamos la inobservancia del debido proceso legal y la violación a los derechos humanos y a las garantías consagradas en la Constitución de la República de Ecuador.
Paola Pabón, autoridad electa por el voto popular, militante feminista y primera mujer en ocupar el cargo de Prefecta de Pichincha, estuvo detenida en una prisión de máxima seguridad por el supuesto delito de “rebelión armada” y fue privada de su libertad por 72 días, sin prueba alguna que respaldase dicha acusación.
El pasado 24 de diciembre logró la libertad condicional, con diversas restricciones, entre ellas la utilización de grillete y la prohibición de salida del país. Desde ese momento ha recibido todo tipo de hostigamientos, amenazas e injurias y ha sido falsamente denunciada desde los medios afines al gobierno central y se han activado una serie de procesos administrativos y judiciales sin fundamento legal alguno contra la Prefecta. Hoy en día, Paola Pabón se ha convertido en un símbolo de lucha contra un gobierno que usa al poder judicial como instrumento de persecución y criminalización de la disidencia, judicializando la política, todo lo que no debería tener cabida en el Estado de Derecho.
El próximo lunes 17 de agosto se celebrará la Audiencia de llamamiento a juicio, en la cual esperamos se haga efectivamente justicia, se respete el debido proceso, el derecho de defensa y el de igualdad ante la ley y se resuelva el sobreseimiento de la Prefecta Paola Pabón y de sus compañeros y compañeras perseguidos infundada e injustamente.
Por último, reiteramos nuestro rechazo a todo tipo de persecución política y/o judicial contra las autoridades democráticamente electas en el Ecuador, así como a referentes políticos y sociales de la oposición, y exigimos el cumplimiento de lo establecido en la Constitución del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales vigentes.
