Sobre la actual situación de violencia en Colombia

Una ola de protestas se desató en todo el territorio colombiano el pasado 28 de abril como respuesta al Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, enviado por el presidente Iván Duque al Congreso Nacional. El Proyecto consiste en una Reforma Tributaria que, tras una supuesta fachada progresista, esconde una modificación profundamente regresiva del sistema de recaudación del Estado Nacional.

La necesidad de una reforma tributaria está fuera de duda. La situación socioeconómica del pueblo colombiano ya había generado manifestaciones multitudinarias y un paro general en el año 2019. En ese entonces, las centrales gremiales y diferentes movimientos sociales y campesinos plantaron cara a las políticas regresivas del gobierno nacional enmarcadas en la Ley de Crecimiento Económico sancionada en el año 2018, con el aval del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el contexto actual pospandémico, el gobierno justificó la utilidad de la reforma, en la necesidad de solventar las arcas del Estado, diezmadas por la movilización de recursos (siempre insuficientes) para paliar los efectos de la depresión económica internacional del año pasado.

El proyecto, por un lado, incluye un moderado “impuesto a la riqueza”, consistente en un gravamen del 1% sobre el patrimonio superior a 4.800 millones de pesos (1,35 millones de dólares) y del 2% sobre los patrimonios superiores a 14.000 millones de pesos (4 millones de dólares). A su vez, incluye impuestos orientados a mitigar el cambio climático (por ejemplo, la sobretasa a la gasolina, el diésel, biocombustible y alcohol carburante, e impuestos al plástico) y el cobro de contribuciones a los trabajadores de los sectores público o privado que ganan más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.765 dólares).

Sin embargo, en un análisis más profundo vemos que el grueso de las cargas impositivas con el nuevo sistema caería sobre los hombros de las grandes mayorías trabajadoras de las ciudades y el campo. Lo más resonante es el aumento del IVA en productos de primera necesidad como la leche, los huevos, el café, etc.

Una represión a mansalva de las fuerzas de seguridad recibieron las olas de protestas suscitadas por este avance de los sectores concentrados de la economía sobre las mayorías. En un Estado profundamente militarizado como el colombiano, con un conflicto armado que este Gobierno se negó a resolver por la vía del diálogo y paz, es alarmante las cifras de personas heridas, asesinadas y desaparecidas. Se trata de una situación completamente descontrolada que recorre todo el país, incluyendo las ciudades más pequeñas del interior rural. De acuerdo con la ONG Temblores, desde inicio del Paro Nacional se han reportado 1.181 casos de violencia policial con 124 personas heridas, 26 víctimas mortales, 9 víctimas de agresión sexual, 761 detenciones arbitrarias y 17 personas con mutilación o lesiones oculares, hasta el día 4 de mayo, cifras que aumentan de manera tan alarmante que rápidamente quedan desactualizadas. Resulta importante destacar la cifra de 89 personas desaparecidas informada por la Defensoría del Pueblo, que otras fuentes elevan a más de 300.

Si bien el presidente Duque decidió retirar el proyecto en búsqueda de una nueva propuesta “basada en consensos” y que evite la “incertidumbre financiera”, entendemos que se trata de un proceso que excede al proyecto de ley en cuestión.

Hoy en día el movimiento ciudadano en Colombia mantiene su movilización y protesta en reclamo por el inadecuado manejo de la pandemia, las 130 masacres registradas en el gobierno Duque, el asesinato selectivo de 800 líderes sociales y firmantes de la Paz, el incumplimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC – EP, el curso de otras tres reformas en el Congreso que incrementan las políticas neoliberales, como lo son: la reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral, entre otros tantos reclamos que ponen de manifiesto la crisis social y humanitaria que sufre el pueblo colombiano.

Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudiamos decididamente los hechos de violencia de las fuerzas represivas contra el pueblo colombiano. Exigimos el cese de la violencia institucional y hacemos un llamado al gobierno colombiano a dialogar con los distintos sectores sociales y partidos políticos para hacer frente a la crisis. Nos solidarizamos con los hermanos y hermanas de Colombia.

Foto: AFP