Nota de APDH a la Secretaria de DDHH y Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy
Señora Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy
Dra. María Marcela Infante
Su despacho
En nuestro carácter de representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), nos dirigimos a usted en respuesta a la nota N° 508 – MDDHHYPI/2023 enviada a nuestro Organismo el 30 de junio del corriente, en la que nos solicitase nuestra “inmediata” intervención en salvaguarde de derechos de raigambre constitucional.
Es dable destacar a la señora Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas que nuestra misión institucional, por mandato estatutario y convicción colectiva, ha sido y es la defensa y promoción de los derechos humanos, mientras que su garantía y aseguramiento es responsabilidad de los Estados, en este caso del de la Provincia de Jujuy.
Nos permitimos señalar que la reforma Constitucional llevada a cabo en Jujuy, tal y como lo hiciéramos público antes de ahora, implica -a nuestro entender- un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta social, a la participación y a la manifestación y movilización pacífica, lo que exhibe -a primera lectura- su carácter autoritario.
Dicha reforma, conlleva la vulneración de derechos y garantías supremas, y avanza sobre comunidades originarias y los recursos naturales estratégicos del suelo y subsuelo jujeño. Vemos como también se vulneran derechos fundamentales, que dan razón y sentido a los justos reclamos de las y los trabajadores docentes, los de una diversidad de organizaciones sociales y sindicales, que ven afectados esos derechos por la aplicación de políticas regresivas en la materia. Reclamos, a los que hemos acompañado, que se han ido generalizando en todo Jujuy hasta alcanzar enormes proporciones, que hoy se exponen a la luz pública.
Vemos cómo a esas demandas se le ha respondido desde el gobierno provincial con inusitada violencia y represión, contrariando las bases mismas del Estado de Derecho, vulnerando normas de distinto rango y tratados y convenciones internacionales, que tutelan derechos supremos. Esta situación ha generado la respuesta y alerta de la comunidad internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos así lo hizo saber en su carta dirigida al gobernador Gerardo Morales, donde se detalla el alcance de los derechos a la reunión y manifestación y observa con preocupación como esos derechos son vulnerados en la Provincia. Destaca también el Alto Comisionado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido sistemáticamente que el derecho a la reunión, junto con otros derechos conexos, constituyen el fundamento mismo de todo sistema de gobierno participativo basado en la Democracia y el Estado de Derecho.
La Comisión Interamericana de DDHH por su parte, se expidió el pasado 20 de junio solicitando “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios.” (Nota 127/23, Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
Como Organismo de Derechos Humanos hemos sido testigos, además, de la represión y la violencia desatada contra la población que se expresaba en las calles y en las rutas, una violencia estatal que no trepidó en detener y reprimir brutalmente a cientos de personas. Se valió para eso de métodos ilegales, como el uso de vehículos no oficiales y otros tantos sin identificación alguna, personal policial enmascarado, y de allanamientos sin orden judicial.
Insistimos en que el derecho a peticionar a las autoridades se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional y que el gobierno que usted integra tiene el deber de respetar, garantizar y proteger.
Nos sorprende el uso en la nota que nos dirigiese, de ciertos conceptos prejuiciosos y también la descalificación de quienes se vienen manifestando en distintos puntos de la Provincia en ejercicio de derechos reconocidos inequívocamente. La expresión “excesos en el derecho de protesta” y la consideración de que se enfrentan a conductas “ilegítimas”, provenientes de una Secretaría de Estado que debe velar por la defensa irrestricta de los derechos y garantías de todos y todas, es cuanto menos inexplicable en nuestro caso. Y déjenos decirle que en nada ayudan a la misión de descomprimir un conflicto de la envergadura que hoy mantiene en vilo a Jujuy y alerta a toda la sociedad argentina. Menos aún, lo hacen las amenazas y la persecución penal que anuncian por estas horas. Es el Estado jujeño y su gobierno al que le urge ajustar su obrar a los instrumentos legales y supralegales sobre Derechos Humanos, respetando y haciendo respetar esas mandas, garantizándolos y protegiéndolos.
Desde la APDH entendemos que el único camino posible en este caso, es el diálogo sin ninguna clase de condicionamientos, con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y sindicales, mandando hacer cesar de inmediato todas las formas de represión que venimos observando se aplican sobre el pueblo que se manifiesta, lo que sin duda alguna ayudará a evitar una escalada de imprevisibles consecuencias, que bien sabemos terminarán padeciendo los más vulnerables.
Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas. Es hora de diálogos en la búsqueda de los consensos posibles y necesarios que ayuden a reparar lo sucedido, revisando lo actuado, para evitar que se profundice una crisis que sólo traerá más sufrimientos y divisiones.
Señora Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy, es todo cuanto tenemos para responder a su requerimiento, y le reiteramos que es nuestro ánimo, como lo ha sido desde siempre, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la denuncia de su vulneración, allí donde se produzca, razón de ser y sentido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Soledad Astudillo, Presidenta APDH, Guillermo Torremare, Presidente APDH y Eduardo Tavani, Presidente APDH
