Estas declaraciones son parte de un discurso de odio generalizado hacia las mujeres intensificado por su reproducción en los medios de comunicación. También es parte de la violencia mediática hacia la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, naturalizada por parte de los medios de comunicación en tantas ocasiones.
Los Organismos de Derechos Humanos enviaron al canciller argentino Felipe Solá su honda preocupación por la situación que viven dos ciudadanos argentinos, Facundo Molares Schonfeld y David Agustín Maril, ambos privados de la libertad en territorio extranjero, y le soliciaton en su carácter de Ministro de Relaciones Exteriores, la urgente intervención del Ministerio a su cargo, en pos de lograr la repatriación de ambos jóvenes, a la mayor brevedad posible.
El 30 de mayo Sebastián Romero, obrero de la General Motors de Rosario y militante del PSTU, fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebástián es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas.
Mientras la CABA está inundada de casos de Covid-19 y el Gobierno de la Ciudad sigue ausente en los lugares donde se lo necesita, un diario de distribución nacional informó ayer que el genocida Gómez Centurión percibe del Gobierno de la Ciudad un subsidio de $ 49.000 mensuales.
El motivo de la percepción del subsidio es la ley 1075 de CABA, por la que se le otorga el beneficio a los ex veteranos de guerra de Malvinas.
Es racismo contra los Pueblos Indígenas.
Es violencia institucional.
Fue la Policía.
El Estado es responsable.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Regional Resistencia y Regional Impenetrable, condenan y repudian el accionar ilegal, violento y represivo por parte de las fuerzas policiales de la Provincia de Chaco.
La Regional Esquel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifiesta su más absoluto repudio por la decisión del Fiscal Fernando Rivarola en relación con la causa por violación en grupo ocurrida en 2012 en la Ciudad de Puerto Madryn.
Frente al proceder policial en la investigación del hecho que ocasionó la muerte primero de Rocío Fernández y luego la de su compañero Sergio Berinstain, la APDH Regional Jujuy exige no sólo el esclarecimiento de las razones de ambas muertes, sino que, además, exige que desde la Fiscalía de turno y la Policía se explicite cuáles fueron los procedimientos utilizados en esta investigación y que se explique también por qué no se atendió en tiempo y forma a las personas que estaban en el domicilio en el que ocurrieron los hechos, constituyendo estos hechos un claro abandono de personas.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste del Chubut, repudiamos enérgicamente el accionar del Fiscal Fernando Rivarola en relación al caso de violación grupal de una menor ocurrido en 2012 en la localidad de Playa Unión, entendiendo que el haber liberado a tres de los involucrados y pretender un acuerdo con la defensa de los imputados, para lograr un juicio abreviado que deje en libertad al resto, argumentando que una violación es un “desahogo sexual” para quien la ejecuta, es una nueva violación a los derechos de la víctima.
El 30 de mayo Sebastián Romero, obrero de la General Motors de Rosario y militante del PSTU, fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebastián es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas.
Barbara tenia 9 años cuando presenció, junto a su hermano menor, el secuestro de su madre Rocío Martínez Borbolla, detenida desaparecida desde entonces julio de 1976.