Cornejo amenaza la libertad de expresión
¿Podemos aceptar que el gobernador de Mendoza diga qué podemos publicar y qué no, en redes sociales?
El gobernador mendocino Alfredo Cornejo denuncia como “fake news” una publicación en redes sociales. A raíz de ello anuncia proyectos de regulación de lo que se publica en redes sociales.
La única manera razonable de tomar este asunto es como una amenaza a la libertad de expresión que manifiesta un desbordante cinismo.
Aliados de Cornejo son los mayores corruptores de redes sociales al servicio de la política. Su actual referente nacional, Javier Milei, es un mentiroso, fabulador y calumniador sempiterno en redes. Su anterior mandante, Mauricio Macri, llegó al gobierno nacional de la mano de Cambridge Analytica, consultora inglesa famosa por la manipulación de redes sociales, fue cerrada por los escándalos vinculados a este tema y al “brexit”. El asesor estrella de aquella de aquella fuerza política, Jaime Durán Barba, se jactaba como una proeza de campaña haber hecho suicidar a un oponente político por las calumnias que había difundido.
El uso de las redes para amenazar, amedrentar, calumniar, “doxear”, es decir, difundir información personalísima con la finalidad de instigar la agresión contra el oponente, por supuesto, mentiras, fake news, constituyen la metodología básica que siguen usando en el presente Cornejo y sus aliados en cualquier momento pero sobre todo en campañas electorales.
La hipocresía del gobernador es indignante. Viene a “enterarse” de estas prácticas cuando le toca a él, incluso puede discutirse hasta dónde denuncia una fake news. Lo único que pudo alegar Cornejo es que las imágenes no corresponden al lugar y momento en que se decía que fueron obtenidas, pero no pudo negar su veracidad.
Dada la concentración, la suma del poder público, que ostenta Cornejo en la provincia de Mendoza, a través de manejo de la Legislatura, organismos de control, jueces, medios de comunicación, fiscales, policía brava, grupos de choque, lo hacemos responsable de la integridad de las personas a quienes denunció.
En sentido inverso de lo que preocupa a Cornejo, en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con aval legislativo, despenalizó “calumnias e injurias” mediante la Ley 26.551, a partir de consagrar legalmente el “fallo Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reconocía allí el derecho ciudadano a informar y opinar, erróneamente incluso, sobre personas públicas.
Cornejo pretende desandar este camino, al tiempo que sistemáticamente retrocede en materia de transparencia, acceso a la información pública, mayormente a través de fraudes según los cuales “teóricamente” la información está disponible pero en la práctica es inaccesible.
Igualmente, Mendoza retrocede cada día en materia de libertades políticas y ya tenemos varias decenas de procesados y privados de la libertad cuyo único delito ha sido protestar contra Cornejo.
Digamos BASTA, pongamos un freno a los atropellos de Cornejo contra las libertades de los mendocinos.
