La recuperación democrática y ética de nuestro país derivó de una impugnación cabal de la dictadura de 1976 a 1983. Los crímenes de aquel régimen produjeron una reacción que posibilitó un Nunca Más y luego, demorada, con obstáculos, una política de Memoria, Verdad y Justicia.

Los juicios justos, con todas las garantías, para los acusados del genocidio, son la carta de presentación de nuestras instituciones que más orgullo produce.

Este viernes 7 de agosto se celebrará una nueva audiencia judicial en el marco de la causa de Agustín Maril. El comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, equipo jurídico que ejerce la defensa del joven argentino, solicitará al 7° juzgado de Garantías de Santiago, la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por la prisión domiciliaria, como piso mínimo en el marco de su causa.  

Ante las recurrentes situaciones de gravísima violencia institucional, en las que las fuerzas de seguridad tienen una responsabilidad protagónica, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestamos:

Argentina cuenta con una profusa tradición de fuerzas de seguridad autónomas, en las que los abusos de todo tipo, la corrupción y la participación –directa e indirecta– en la comisión o encubrimiento de delitos han sido sus características más notorias.

Es habitual que ante la difusión periodística de hechos en los cuales la víctima de un delito mata a su agresor cuando este ya no es una amenaza, un sector de la sociedad salude con entusiasmo tal conducta tildándola de “justiciera”.

El día viernes 24 de julio, María Rosa Lencina acudió al Hospital Fernández con un embarazo de 38 semanas de gestación y agudos dolores. Se le indicó que volviera el lunes para programar la cesárea. Su familia denuncia que hubo palabras de alto contenido discriminatorio para que se fueran del hospital y que, por ello a la mañana siguiente, ante la profundización del malestar y los dolores, concurrieron al Hospital Rivadavia, donde les comunicaron que el bebé estaba muerto. María Rosa murió un rato después por un paro cardiorrespiratorio.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) insiste en que el Poder Judicial investigue la conducta de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, y su Jefe de Gabinete, Pablo Noceti, por la responsabilidad penal que les cabe en la diagramación y puesta en marcha del operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro más firme rechazo a las decisiones antijurídicas y antirrepublicanas resueltas por dos funcionarios del Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

En esta ocasión se trata –otra vez- del Juez SERGIO PIÑEDA y el Fiscal DANIEL BAEZ, en la causa en donde se persigue de manera sistemática y con excusas ridículas al Juez Dr. PAULO KÖNIG, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2 de Trelew, Provincia del Chubut.

Fue justamente el 24/07/2018 que el gobierno de Mauricio Macri publicaba el Decreto 683, modificandó la voluntad del legislador y el espíritu de la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, al eliminar lo dispuesto en la redacción original del Decreto Nº 727/06, el que sostenía que las fuerzas acutarian solo en casos “agresión de origen externo y las habilito desde ese dia a actuar en conflicto des en seguridad interior.

La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS REGIONAL SAN LUIS, adhiere a la Jornada convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a nivel Nacional y en San Luis adherimos e invitamos a concentrarnos en el jueves 30 a las 11 hs en la esquina del Correo Argentino, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias exigidas en el marco de la pandemia.

El día lunes, con dolor y desilusión, nos enteramos por un artículo periodístico*, que RICARDO ALFREDO ROSSI, uno de los 28 represores condenados por delitos de lesa humanidad en abril de 2015, goza del beneficio de libertad condicional y se pasea por nuestra Ciudad.